El Informe Individual de la Cuenta Pública del Ejercicio Público 2020 del Congreso Estatal, reveló que omitieron implementar medidas para racionalizar el gasto destinado al pago de personal que presta sus servicios de manera transitoria, asimismo, que contrataron a personal que no contaba con el perfil profesional acorde al cargo asignado.  Por un monto de un millón 542 mil 378 pesos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó que se presume un probable daño o perjuicio al erario, por el importe pagado a prestadores de servicios que no acreditan el perfil profesional, es decir, que no cuentan con un título de licenciatura con al menos tres años de antigüedad.  Se trata de empleados contratados bajo la figura de honorarios asimilables que ganaban cifras superiores a los 30 mil pesos mensuales, de los cuales a la Oficial Mayor del Legislativo no pudo acreditar con constancias de estudios y títulos profesionales que comprueban el perfil profesional de los cuatro prestadores de servicios.  Lo anterior fue determinado en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política JCP/LXII-II/68/2019 de fecha 15 de diciembre de 2019, en el cual se establecieron los parámetros para la contratación de personal, indicando que se pagará un monto de hasta 25 mil pesos para el personal que cuente con estudios mínimos de bachillerato; para quienes cuenten con licenciatura con título menor a 3 años de expedición se pagará un importe de 25 mil y hasta 35 mil pesos; y aquellos con licenciatura con título mayor a 3 años de expedición, se pagará 36 mil pesos en adelante. Asimismo, la ASE detectó que el Congreso estatal incrementó el gasto para la contratación de personal de honorarios asimilables en un 9.1 por ciento, lo cual representa en monto económico en 4 millones 271 mil pesos, lo cual fue observado por el órgano fiscalizador al determinar que omitieron medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo.