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La asignación desproporcionada entre entes legislativos plantea un riesgo para el funcionamiento de las auditorías
22:53 jueves 6 julio, 2023
San LuisSan Luis Potosí, Coahuila y Puebla son los estados con el mayor equilibrio presupuestario y transparencia entre sus Congresos y órganos de fiscalización durante este año, considera el IMCO en su Informe Legislativo 2023. De acuerdo con el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en los Congresos locales de las entidades federativas existe un desequilibrio entre el presupuesto para que los legisladores lleven a cabo sus labores y el asignado a los órganos fiscalizadores. “El Poder Legislativo a nivel estatal está compuesto por un Congreso y por un órgano de fiscalización, y para 2023, los Poderes Legislativos en toda la República Mexicana recibirán 21 mil 196.5 millones de pesos, el 74% de esos recursos se destina a los Congresos, es decir 15 mil 715 millones de pesos, mientras que el 26% restante, que representa un monto de 5 mil 482 millones de pesos, es el presupuesto total para los órganos de fiscalización” explicó Daniela Balbino, investigadora del IMCO. Señaló que son actividades y facultades similares pero, los preceptos constitucionales son muy variados y claros en el sentido de la aprobación de presupuesto, “ese presupuesto entre los diputados que van, por ejemplo, desde 31.3 millones de pesos en Baja California, hasta 4.8 millones de pesos en Colima, hay una brecha muy grande entre estados en la cuestión del presupuesto promedio por diputado, los órganos de fiscalización y entre los congresos”. Esta disparidad es una evidencia palpable de que el nivel de fiscalización de vigilancia que se hace desde los congresos está muy lejos de un ideal para poder garantizar equilibrio de poderes y la aplicación clara transparente de los recursos públicos en los estados, “tenemos que reconocer que el congreso tiene un componente político, el legislativo más allá de esto, tiene que hacer una función redonda de monitoreo de los recursos y no convertirse en un apéndice más de los poderes ejecutivos”. IMCO reitera que la asignación desproporcionada entre los entes legislativos plantea un riesgo para el funcionamiento de los órganos de fiscalización, sin los recursos suficientes no se pueden auditar el uso del gasto público, recomendar mejoras en la gestión de recursos para los estados, sancionar a servidores públicos y recuperar recursos públicos.