La Asociación de madres buscadoras en San Luis Potosí “Voz y Dignidad por los nuestros”, en colaboración con abogados de la clínica de litigio estratégico de la UASLP, presentó este miércoles un amparo contra el Congreso del Estado por omisión al cumplimiento de sus responsabilidades y por haber dado una negativa a la creación de una fiscalía especializada en desapariciones.

Las representantes del colectivo dicen sentirse profundamente ofendidas por los miembros del Congreso y su inoperatividad en cuestiones de desaparición forzada, principalmente por el diputado Luis Fernando Gámez, quien se había comprometido a hacer lo que fuera necesario por ayudarlas y se quedó de brazos cruzados ante la improcedencia de la iniciativa.

La Ley General en Materia de Desapariciones de 2017 establece que se debe “Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas”. Razón por la cual se acusa al Congreso de incumplir con la Constitución al negar la creación de la fiscalía.

“El Congreso y las autoridades que alguna vez se proclamaron aliadas de las familias buscadoras han demostrado que su memoria es corta, que su palabra es hueca y su compromiso inexistente”, mencionó Edith Pérez, vocera del colectivo.

Al respecto la fiscal general del Estado Manuela García Cázares dio como última información a las madres buscadoras que sin el recurso correspondiente ella estaría imposibilitada en la creación de esta fiscalía.

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El comunicado de Voz y Dignidad por los Nuestros concluyó con la siguiente frase: “La omisión legislativa no es un descuido burocrático, es una forma de violencia institucional, es el reflejo de un estado indolente, insensible e incapaz de responder a la crisis de desapariciones que vive San Luis Potosí”.