Las construcciones irregulares en Puerto Vallarta son resultado de años de modificaciones discrecionales a los instrumentos de planeación urbana, así como de una estrecha relación entre autoridades y desarrolladores inmobiliarios, afirmó en entrevista para “Así las Cosas”, el urbanista e investigador del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, José Alfonso Baños Francia. Ante los recientes señalamientos de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre una posible demolición de una construcción ubicada en la zona de playa, el especialista consideró que, de concretarse, representaría un precedente importante para combatir la irregularidad y evitar que las violaciones a las normas queden impunes. Baños Francia, sin embargo, expresó sus dudas respecto a que finalmente se concrete una demolición. “Ojalá que sí, porque se traería un precedente importante para evitar justamente esas modificaciones, un tema asociado a la corrupción y la impunidad. Si alguien violenta las normas, pero no pasa nada, cualquiera lo va a seguir haciendo”, señaló. De acuerdo con el investigador, la problemática no se limita a un punto específico de Puerto Vallarta, sino que abarca prácticamente toda la zona turística. Entre las áreas donde se han documentado mayores modificaciones se encuentran Marina Vallarta, la Zona Hotelera Norte, 5 de Diciembre, la Zona Romántica y áreas como Conchas Chinas. Particularmente en la Zona Romántica, dijo, existen casos en los que los desarrollos inmobiliarios han superado ampliamente lo permitido por los instrumentos de planeación. El especialista afirmó que cuentan con documentación de alrededor de 70 desarrollos en la zona turística que presentan algún tipo de incumplimiento de la normativa. Como ejemplo, mencionó un proyecto en la Zona Romántica cuya regulación permitía la construcción de cinco departamentos, pero que terminó con 43 unidades, es decir, más de ocho veces lo establecido originalmente. “Se convirtió en una costumbre, se volvió lo normal y todo el mundo sabía que se podía hacer lo que quisiera”, sostuvo. Baños Francia consideró que el crecimiento de las plataformas digitales de hospedaje contribuyó a incrementar la presión sobre el mercado inmobiliario de Puerto Vallarta. La posibilidad de rentar departamentos por periodos cortos, explicó, generó una fuerte maquinaria inmobiliaria que se sumó a las modificaciones de los instrumentos de planeación y a la falta de cumplimiento de las normas. Desde su perspectiva, el problema parte también de una concepción del territorio como una mercancía. “Se ve el territorio como una mercancía, como una excusa para extraer renta y reproducir el capital económico”, explicó. El urbanista recordó que tener la propiedad de un terreno no significa que el propietario pueda construir libremente sobre él, ya que existen derechos de desarrollo que están sujetos a la normativa urbanística. En el caso de Puerto Vallarta, consideró que las normas no son necesariamente deficientes, pues han sido actualizadas, incluyendo un paquete de reformas realizado en 2020. El problema, afirmó, está en la manera en que se han aplicado. Uno de los principales impactos de los desarrollos que rebasan la capacidad prevista por los planes urbanos es la presión sobre los servicios públicos. Baños Francia explicó que cuando una zona originalmente planeada para viviendas unifamiliares recibe torres con decenas de departamentos, las redes de agua potable, drenaje y otros servicios pueden quedar rápidamente rebasadas. Puso como ejemplo la Zona Romántica, donde ha sido necesario ampliar infraestructura de drenaje y realizar obras para atender las nuevas necesidades generadas por el crecimiento inmobiliario. El problema, dijo, es que buena parte de esos costos terminan siendo absorbidos por organismos públicos. “Si el que está creando el impacto es un particular, pues quien tiene que pagarlo es el particular”, afirmó. El especialista también señaló problemas recurrentes en zonas como Versalles, donde se han presentado episodios de aguas negras debido a la saturación de la infraestructura existente. A su juicio, mientras los desarrolladores obtienen la plusvalía derivada de construir por encima de lo permitido, la sociedad termina asumiendo el costo de ampliar las redes de infraestructura. Sobre la posibilidad de que la alternancia política en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta dificulte la continuidad de las políticas urbanas, Baños Francia consideró que el problema va más allá de los partidos. Desde su perspectiva, se ha construido una mentalidad en la que infringir las normas urbanísticas se percibe como algo normal. “Ya no solo los gobernantes. Tengo pláticas con constructores, con colegas que firman estas licencias y para ellos no es nada malo violentar la norma, es algo normal”, comentó. La posible demolición de una construcción irregular anunciada por la autoridad ambiental federal, agregó, podría convertirse en un punto de inflexión si finalmente se concreta y se acompaña de una revisión más amplia de los desarrollos inmobiliarios que han rebasado las normas en Puerto Vallarta.