En septiembre del 2022 vence el plazo para que el Congreso del Estado cumpla la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ordena la reposición de la consulta a pueblos y comunidades indígenas, así como a personas con discapacidad, cuyas propuestas se integrarán en la nueva Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, dijo el diputado Edmundo Torrescano Medina, integrante de la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral. Sin embargo, el legislador aclaró que, de aprobarse la nueva ley en materia electoral para el estado, no se descartan, posteriormente, adecuaciones a la misma antes del proceso del 2024, toda vez que a nivel nacional también el Congreso de la Unión discute iniciativas presentadas en este mismo sentido que pudieran tener implicaciones a nivel local. El congresista explicó que en el caso de la iniciativa de reforma electoral que se analiza en el Congreso local, se deriva de una sentencia de la SCJN, a la cual se le debe dar cumplimiento porque se vence el próximo mes de septiembre. “Las iniciativas que se han presentado a nivel federal, corre su trámite legislativo federal y tienen hasta el mes de junio del 2023 para procesarse (…) nosotros no podemos permanecer estáticos al cumplimiento de una sentencia de la corte; si en su momento, de la reforma electoral federal hay alguna implicación estatal, se atenderá conforme a los lineamientos que se emitan por parte del Congreso de la Unión”. Torrescano Medina apuntó que actualmente se trabaja en la realización de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, así como en la Consulta a Personas con Discapacidad, para recibir propuestas que serán integradas en la reforma electoral discutida en el legislativo local. En este sentido, agregó que se establecieron las sedes en cuatro municipios, incluyendo la capital, para que los representantes de estos sectores establezcan las fechas en las cuales se llevarán a cabo las asambleas en el mes de julio.  “El mecanismo hace una consulta para que ellos aporten y vean la propuesta que se está haciendo, ahora se consulta y luego se legisla, eso es lo que estamos priorizando. Las normativas internacionales ya nos generan esta obligación de que como Legislativo, todo aquello que tenga alguna injerencia en los pueblos y comunidades indígenas primero sea consultado para después de eso, legislarlo”.