El contrabando de cigarros en México ya supera el 20 por ciento del mercado, un fenómeno que afecta a la industria, eleva la evasión fiscal y se agrava con los incrementos de impuestos, advirtió Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

“El consumo de marcas ilegales sigue creciendo y provoca una alta evasión fiscal, dado que el 70 por ciento del precio que se paga son impuestos. Ojalá podamos frenar un poquito este tema del impuesto porque seguiría creciendo el contrabando”, señaló durante la conferencia del Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor, organizada por el IMPI.

Malagón alertó que el contrabando y la subvaluación “son corrosivos, mercancías que entran sin pagar aranceles o declaradas con valores artificialmente bajos inundan nuestro mercado. Esto no es competencia, esto es depredación”.

Agregó que las empresas formales “cumplen normas, pagan impuestos, ofrecen prestaciones; las ilegales no. Los negocios ilegales obtienen los beneficios y nosotros pagamos las consecuencias”.

¿Cómo enfrentar el contrabando de cigarros en México?

Para enfrentar esta problemática, propuso reforzar la cooperación público-privada, aplicar controles más estrictos en aduanas, modernizarlas, fortalecer al IMPI y al SAT con más recursos, e impulsar campañas de cultura de legalidad.

“Si queremos un México competitivo, el consumidor tiene que saber que, si compra piratería, destruye empleos y debilita su propio futuro”, recalcó.

De acuerdo con la Concamin, el comercio ilícito de cigarros en el país ha crecido 240 por ciento entre 2017 y 2023, pasando del 8.5 por ciento al 20.4 por ciento del consumo nacional.

Esto representa pérdidas al erario por entre 13 y 15 mil millones de pesos anuales.

IMPI trabaja en crear nueva oficina de inteligencia

Santiago Nieto, director del IMPI, informó que se trabaja en la creación de una oficina de inteligencia que permita compartir información entre el IMPI, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas para identificar empresas fachada y frenar desde los puertos y fronteras la entrada de productos piratas.

“La idea es tener visibilidad sobre quién está importando sus productos para poder impedirlos desde aduanas”, explicó.

Añadió que la piratería “no es un tema menor”, pues implica falsificación, narcomenudeo, lavado de dinero y evasión fiscal.

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“El problema es que esos mil millones de pesos que hemos asegurado no llegaron a las empresas mexicanas, no llegaron al fisco, no llegaron a los trabajadores. Esa es la magnitud de la problemática que enfrentamos”, sostuvo.

Con información de El Financiero