World Justice Project (WJP) presentó la cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México, en el que destaca para San Luis Potosí el debilitamiento del Sistema de Justicia y un debilitamiento en los contrapesos al Ejecutivo en comparación a su edición 2021-2022. La entidad - destaca el estudio- tiene retos persistentes en las diferentes dimensiones del Estado de Derecho al igual que las 31 entidades restantes. La asociación resalta el papel que hace el Poder Legislativo y el Poder Judicial en los límites del poder Ejecutivo, una situación que no es privativa de San Luis Potosí ya que este año, fueron más los estados que mostraron retrocesos que aquellos que mostraron avances. “Este deterioro contrasta con los patrones observados en las ediciones anteriores y se explica por tres tendencias: el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción”. San Luis Potosí se encuentra en el lugar 21 en el índice generalizado de los ocho factores que califica la asociación y que señalan es un estudio único en su tipo, el índice utiliza más de 600 variables y se destaca para identificar las fortalezas y debilidades institucionales de cada país y contribuir a la toma de decisiones. Los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho, es así que en el factor Límites al poder gubernamental se encuentra en el lugar 16; Corrupción en el lugar 23. Derechos fundamentales también por debajo de la media nacional, se encuentra en el lugar 19; Gobierno Abierto lugar 22. Orden y Seguridad, la entidad tiene una puntuación de 0.33 del punto máximo que puede alcanzar y cumplimiento regulatorio 0.36, ambos ubican a la entidad en la posición 19 y 21 a nivel nacional. Justicia Penal es la peor rankeada, ahí la entidad se encuentra en el lugar 23, y un puntaje de 0.34, World Justice Project destaca un deterioro en el desempeño de los sistemas de justicia por la falta de garantía en los derechos de las víctimas, la imparcialidad, y la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y Ministerio público.