La polémica que ha rodeado el proceso de ingreso a la Universidad Nacional en 2026, a partir de los señalamientos públicos sobre una presunta venta de respuestas del examen, me recordó una experiencia que viví hace catorce años. En 2012, como Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública, enfrenté una crisis de naturaleza similar durante la aplicación del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes.

En aquel momento diversos medios de comunicación difundieron que, a través de plataformas digitales, se comercializaban supuestas versiones del examen e incluso las respuestas que utilizaría la autoridad educativa. La noticia amenazaba con deslegitimar un proceso nacional en el que participaban más de 120 mil aspirantes y ponía en duda la imparcialidad del Órgano Evaluador Independiente.

La amenaza no era únicamente mediática. Estaba en riesgo la confianza de miles de docentes, la credibilidad de la evaluación y la autoridad de las instituciones encargadas de organizarla.

La respuesta que construimos partió de un principio básico: en una crisis, el silencio nunca es neutral. Cada minuto sin información oficial es ocupado por rumores, especulaciones o versiones interesadas.

Por ello, la estrategia descansó en tres ejes fundamentales.

El primero fue responder de inmediato. No se esperó a que disminuyera la cobertura ni a que las redes sociales cambiaran de tema. Desde el primer momento se explicó el funcionamiento del proceso de evaluación y los mecanismos de seguridad implementados para proteger la integridad del examen.

El segundo eje fue la transparencia. En lugar de limitarse a negar las acusaciones, se permitió que los propios medios conocieran el trabajo del Órgano Evaluador Independiente y compararan los materiales que se ofrecían comercialmente con los exámenes reales. La evidencia demostró que las supuestas “guías” no correspondían a la prueba aplicada.

No se pidió confianza ciega; se ofrecieron elementos verificables.

El tercer componente fue mantener un mensaje único y consistente. Todas las comunicaciones institucionales estuvieron orientadas a brindar certidumbre a los aspirantes, explicar el proceso y fortalecer la confianza en las autoridades educativas.

La comunicación dejó de ser una herramienta reactiva para convertirse en parte de la solución.

Hoy el contexto tecnológico es completamente distinto. Las redes sociales amplifican cualquier denuncia en cuestión de minutos y la inteligencia artificial facilita la generación de contenidos capaces de sembrar dudas incluso cuando no existen evidencias concluyentes.

Precisamente por ello sorprende que, ante una controversia de alto impacto como la registrada este año, la comunicación institucional haya carecido de la oportunidad y claridad que exige una crisis de esta magnitud.

Más allá de determinar si los señalamientos son o no fundados —una tarea que corresponde a las autoridades competentes—, el principal reto consiste en preservar la confianza pública en el proceso de evaluación.

Cuando la información oficial llega tarde, cuando las respuestas son parciales o cuando predominan los mensajes defensivos sobre las explicaciones técnicas, inevitablemente aumenta la incertidumbre.

Y la incertidumbre es el peor enemigo de cualquier sistema de evaluación.

Las instituciones no pueden limitarse a afirmar que el proceso fue limpio. Deben explicar cómo se elaboran los exámenes, cuáles son los protocolos de seguridad, quiénes intervienen en su resguardo, cómo se investigan las denuncias y cuáles serán las consecuencias si se acredita alguna irregularidad.

La confianza no se construye con declaraciones; se fortalece con evidencia.

Existe además un error frecuente en el manejo de crisis: pensar que el problema termina cuando disminuye la conversación en redes sociales. En realidad, una crisis concluye cuando la sociedad recupera la confianza en las instituciones.

Miles de jóvenes dedican meses —e incluso años— a prepararse para un examen que puede definir su futuro académico. Si al finalizar el proceso permanece la percepción de que algunos pudieron acceder indebidamente a las respuestas, el daño institucional persiste, aun cuando el tema deje de ocupar titulares.

La experiencia de 2012 dejó una lección que conserva plena vigencia: frente a cualquier señalamiento que cuestione la imparcialidad de una evaluación, la respuesta debe ser inmediata, transparente, verificable y técnicamente sólida. No para proteger la imagen de una institución, sino para proteger el derecho de los aspirantes a competir en condiciones de igualdad.

Las instituciones educativas administran uno de los activos más valiosos del Estado: la confianza en el mérito y en la igualdad de oportunidades.

Perder esa confianza puede tomar apenas unas horas.

Recuperarla puede llevar muchos años.

La comunicación institucional no sustituye a la investigación ni a la procuración de justicia, pero sí puede evitar que la incertidumbre se convierta en desconfianza y que la desconfianza termine debilitando a las propias instituciones.

En materia de evaluación educativa, la credibilidad también se examina. Y ese examen se aprueba con transparencia, oportunidad y verdad.

Por: Fernando Antonio Mora Guillén

X: @Fernando_MoraG

www.fernandomoraguillen.com.mx

- Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.