Cuba tomará medidas como vender servicios turísticos en monedas extranjeras o arancelar a importadores privados en esas divisas, aunque ello implicará una dolarización parcial de su economía, reconoció este miércoles el primer ministro, Manuel Marrero. “Para nada la visión de este gobierno es ir a dolarizar la economía”, pero en este escenario “necesitamos transitar por este camino, para poder lograr que un día el peso cubano recupere su valor”, señaló el funcionario al insistir que la isla vive en una “economía de guerra”. Cuba atraviesa una dura crisis que persiste hace casi cinco años y que deja al Estado sin divisas y con pocos recursos para hacer frente a sus gastos o respaldar sus cuentas. Marrero, cuyo discurso fue transmitido por la televisión estatal y reseñado por medios de prensa oficial, intervino en la primera sesión plenaria de la Asamblea del Poder Popular —el Parlamento— para dar cuenta de las medidas tomadas por el gobierno en medio de un proceso inflacionario que acabó con el poder adquisitivo, incrementó el desabastecimiento y las carencias de todo tipo. Entre las medidas anunciadas está la instauración del pago en dólares para los importadores no estales; se implementará de manera gradual cobros en esta moneda para los servicios portuarios y se permitirá aceptar efectivo en divisas en sectores claves como el turismo. En dirección contraria, se impondrá la obligatoriedad del uso del peso cubano (CUP) para todas las transacciones al interior del país. Marrero no indicó la fecha desde la cual entrarían en vigor estas medidas, pero insistió que los planes serán paulatinos, tal como ya se hizo a comienzo de año con el incremento de las tarifas a la luz, los combustibles y el transporte. Durante décadas el comercio en Cuba estuvo en manos del Estado en el marco de un modelo económico centralizado, pero desde 2010 comenzó una apertura a la iniciativa privada que tomó un fuerte impulso a partir de la crisis en 2021, cuando se autorizó la operación a las pequeñas y medianas empresas (pymes) con el objetivo de impulsar la producción nacional. Las pymes comenzaron a formarse en todos los ámbitos, desde pequeños talleres de confección de muebles o embalajes, hasta tiendas de productos terminados como alimentos importados. Aun así, el sector estatal sigue siendo el principal empleador. La parálisis por la pandemia de la Covid-19, un incremento dramático de las sanciones de Estados Unidos para presionar un cambio político y una reforma financiera interna —de unificación monetaria— desataron la crisis cuya expresión en las calles fue el desabastecimiento y el consecuente aumento de precios. Los emprendedores particulares y las pymes adquirieron protagonismo al empezar a importar toda clase de productos terminados. Marrero reveló el miércoles que en 2023 el sector no estatal –que debe usar agencias del Estado para operar— importó mercancías por valor de mil 300 millones de dólares, mientras que en hasta junio de 2024, lo habían hecho por 936 millones de dólares. Dado que el Estado no vende a estos empresarios dólares, estos salen a comprarlos al mercado ilegal, generando “una espiral incontrolable de demanda de divisas” extranjeras en ámbitos paralelos o ilegales, expresó Marrero. El gobierno insistió estos días en que no busca satanizar a las pymes o al sector privado, sino regular su operación, haciéndolo compatible con el esquema estatal socialista.

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En paralelo, los precios se dispararon. Oficialmente —los expertos la consideran mucho más alta— la inflación en 2021 fue del 70%, en 2022 del 3%9 y del 30% en 2023 y esta semana en el marco de las reuniones previas a la plenaria del Parlamento se informó que este año rondaría el 30% también. Con información de Latinus