El aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco, que pasó de 9.50 a 14 pesos —un incremento del 32 por ciento— ha generado inconformidad social, protestas y un amplio debate público, al considerar que la medida no garantiza una mejora real en el servicio y afecta directamente a los sectores con menores ingresos. Así lo señaló el politólogo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jorge Rocha Quintero, quien advirtió que el inicio de 2026 trajo “malas noticias” para las y los usuarios del transporte público, particularmente por el impacto económico que representa este ajuste tarifario. Ante las críticas, el gobierno estatal anunció un subsidio de tres pesos condicionado al uso de la nueva tarjeta electrónica del Estado de Jalisco, con lo que el costo del pasaje será de 11 pesos a partir de abril. Además, se mantendrá una tarifa preferencial de cinco pesos para estudiantes. No obstante, Rocha Quintero cuestionó la complejidad del trámite para obtener dicha tarjeta y la falta de claridad sobre los beneficios reales del incremento. El politólogo recordó que el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público de Jalisco se pronunció de manera contundente en contra del aumento, al considerar que la información utilizada para justificarlo fue incompleta, que no existe garantía de mejora en la calidad del servicio y que la decisión profundiza la inequidad social, además de privilegiar la rentabilidad privada sobre el interés público. A estas críticas se sumaron organizaciones de la sociedad civil, sectores académicos y actores políticos de oposición, quienes coincidieron en que el alza no responde a las condiciones reales del transporte que utiliza la mayoría de la población. Si bien reconoció inversiones recientes, como el sistema Mi Macro Periférico, la ampliación del tren ligero en Guadalajara y la incorporación de nuevas unidades en algunos municipios, Rocha Quintero subrayó que la experiencia cotidiana de los usuarios sigue siendo negativa en la mayoría de las rutas: servicio caro, poco eficiente, inseguro, contaminante y con unidades en malas condiciones. “El transporte público que ofrecen sistemas como el tren ligero o los macrobuses es notoriamente mejor que el resto de las rutas, lo que evidencia una brecha muy marcada en la calidad del servicio”, apuntó. El especialista planteó que el debate de fondo debe centrarse en si el transporte público debe seguir operando bajo un modelo de negocio privado o si debe asumirse plenamente como un asunto de interés público. En ese sentido, consideró necesario abrir una discusión seria sobre la estatización del transporte, sin que ello implique gratuidad ni deterioro del servicio. “El modelo privado ha demostrado ser incapaz de responder a las necesidades sociales. Las decisiones sobre tarifas, rutas y cobertura no pueden seguir definiéndose desde el afán de lucro”, sostuvo, al señalar que el tren ligero es un ejemplo de que lo público puede funcionar de manera eficiente. Finalmente, Rocha Quintero afirmó que una de las principales áreas de oportunidad es replantear la relación con los concesionarios y dejar de ser “rehenes” de transportistas que exigen incrementos sin ofrecer mejoras sustanciales. A su juicio, el Estado debe asumir un papel más activo en la operación del transporte público para garantizar un servicio digno, accesible y de calidad para la población de Jalisco.