La inminente reforma que desaparecerá al INAI nos compete a todos los mexicanos; no es un tema exclusivo de los medios de comunicación o las organizaciones no gubernamentales. De concretarse la extinción del Instituto, nuestro derecho humano y constitucional como ciudadanos a conocer el quehacer gubernamental se verá gravemente mermado en temas que afectan a los ciudadanos en lo individual, como, por ejemplo, la obtención de expedientes médicos del IMSS ante negligencias médicas, y hasta acciones que nos afectan en lo colectivo, como conocer causas de negligencia en la construcción de obras públicas que dañan nuestra integridad física y patrimonio.

Hace poco más de 20 años, México, gracias al esfuerzo y compromiso conjunto de diversos sectores de la sociedad, fue un país que generó un efecto dominó a nivel mundial y sentó precedentes y buenas prácticas en materia de derecho a la información. Impresionó al mundo con la aprobación de su Ley de Transparencia, que incluía un órgano autónomo como el IFAI, que sería el garante del derecho a saber en el país.

Esa legislación fue punta de lanza para la creación de órganos autónomos garantes del derecho a la información en el mundo, la incorporación de tecnologías de la información para universalizar este derecho y un robusto programa de capacitación y generación de conocimiento en la materia reconocido a nivel mundial.

Como investigadora en el National Security Archive en Washington DC, fui usuaria asidua tanto de la Ley de Acceso a la Información de Estados Unidos (FOIA, en efecto desde 1967) y la entonces reciente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) de México. Contrario a lo que sería obvio asumir, la legislación mexicana era más efectiva que la del país vecino, y esto en gran parte se debió al hecho de tener un órgano autónomo dedicado al derecho a la información como el INAI, antes IFAI.

A diferencia de Estados Unidos, en México no hacía falta enviar solicitudes a las diferentes dependencias federales por correo postal o fax, sino que simplemente se realizaba una solicitud vía electrónica. Aun cuando los archivos en las dependencias federales mexicanas tenían deficiencias, el tiempo de respuesta era menor aquí que en los Estados Unidos porque la ley lo establece. Si en Estados Unidos el gobierno niega la información sin fundamento, la apelación se hace ante la misma dependencia que había emitido la negativa, y si la agencia gubernamental persiste en esta negativa, es necesario llevar un proceso legal largo y muy oneroso.

Estos avances para todos los mexicanos y cualquier persona, sin importar nacionalidad, ubicación ni tener que proporcionar motivo o datos personales, fueron posibles en gran parte gracias al entonces IFAI. Fue este organismo el que diseñó y operó el sistema que permitía hacer solicitudes de acceso a la información por Internet. Los tiempos de respuesta eran menores porque como usuarios se podía apelar al IFAI para presionar por respuestas en los plazos establecidos en la Ley. Y tener el derecho de apelar a un organismo autónomo y no a la misma dependencia que negaba la información, además de hacer más eficiente el ejercicio del derecho, lo hacía más justo.

La creación de un órgano autónomo garante del acceso a la información pública no fue una concesión o propuesta del gobierno en 2002 cuando la LFTAIPG fue aprobada, sino que fue el resultado de años de lucha de académicos, universidades, periodistas, medios de comunicación, representantes de la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil, quienes se unieron para dejar un legado de transparencia y apertura para generaciones futuras.

Hace 20 años, el sueño de muchos de nosotros fue que los mexicanos no pudieran imaginar un presente donde cuestionar al gobierno y solicitar información, pudiera generar miedo a represalias o ser prohibitivo por la falta de un marco normativo eficiente. Donde un órgano federal garante de la información y sus símiles estatales fueran tan conocidos y respetados como la CNDH.

El INAI no es perfecto y tanto sociedad civil como gobierno entendimos en 2002 que estábamos ante un experimento ambicioso guiado por principios y valores de apertura gubernamental que no había sido probado anteriormente en ningún otro país. Y estos principios no estaban errados: en las pasadas dos décadas, decenas de países han decidido que es necesaria una institución como el INAI mexicano que supervise, monitoree, evalúe y verifique el cumplimiento del marco normativo de acceso a la información. Según un mapeo de la UNESCO, en 2022 se contaba ya con 103 órganos garantes de acceso a la información, de los cuales 80 contaban con facultades para decidir ante negativas de dependencias gubernamentales.

Deberían ser bienvenidas reformas y mejoras institucionales para hacer más eficiente al INAI. Pero el rechazo contundente a la extinción de un órgano garante de un derecho humano debería unirnos como sociedad con la misma fuerza que se tuvo hace 20 años para crearlo.

Exijamos todos que nuestro legado como país pionero en el derecho de acceso a la información en la comunidad internacional no sea empañado y pueda dar pie a un efecto dominó de retrocesos en América Latina y fuera del continente. Alcemos la voz, no permitamos que este momento político elimine años de lucha y deje un legado de opacidad para futuras generaciones que tendrán que volver a luchar por algo que se había logrado ya hace más de dos décadas.

*Ha sido subdirectora del proyecto México del National Security Archive; investigadora invitada del Consejo para la Transparencia en Chile y consultora del Instituto del Banco Mundial.

Por Emilene Martínez Con información de Latinus