En tierras tapatías, al mando de Enrique Alfaro, se pone la lupa en algunas empresas que operan ambulancias. En ese ámbito una firma en particular ha sido detectada por la Profeco, que lleva Ricardo Sheffield, debido a un cúmulo de irregularidades que han sido reportadas. Nos referimos a Med Lik, compañía propiedad de Pedro Zaragoza Cárdenas, que ofrece servicios de ambulancia aérea y terrestre. Aunque en su portal de internet señala que cuenta con disponibilidad las 24 horas al día, los siete días de la semana “para responder rápidamente a las emergencias médicas y garantizar una pronta evacuación”, y promete además estar en el aire en tres horas una vez confirmado el vuelo y garantizado el pago, en los hechos las cosas ocurren de manera muy distinta. Resulta que este médico anestesiólogo no sólo no prestaría el servicio acordado, sino que tampoco le devuelve el dinero a quienes lo contratan, bajo argumentos que bien podrían encuadrar en la figura de fraude. Según han contado varios afectados, Zaragoza Cárdenas, quien también funge como representante legal de la compañía, pide a sus clientes que le depositen el dinero a su cuenta y una vez que lo tiene comienza a justificar retrasos: que no se va a poder en el día y a la hora pactados, que el piloto debe efectuar modificaciones a la aeronave, que deben quitar asientos para poder trasladar la paciente, entre otros. Lo anterior, evidencia que las aeronaves que anuncia con bombo y platillo como una “flota moderna y equipada con tecnología médica de punta” no son ambulancias aéreas sino vehículos comerciales que se adapta según las necesidades del día. A ello se suma que los traslados se requieren en hora y fecha precisa, como es bien sabido, pues se trata de pacientes en estado crítico, en ese sentido resulta vital que las empresas que ofrecen estos servicios se encuentren a la altura de las circunstancias. Una firma seria y experimentada jamás cambiaría con tal facilidad la hora y la fecha pactadas, refieren las víctimas. Para sorpresa de los clientes, Zaragoza Cárdenas, quien presume además ser miembro del Comité Médico de la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados, no sólo se niega a devolver la cantidad depositada, sino que, además, tiene la osadía de pretender aplicar “penas convencionales” de más de 50 por ciento del costo del servicio, pese a que las razones de las cancelaciones serían plenamente imputables a la empresa. Tanto la Secretaría de Salud, al frente de Jorge Alcocer; como el OPD Servicios de Salud Jalisco, a cargo de Héctor Hugo Bravo Hernández, responsables del proceso de licitación, deben estar alertas, ya que la confianza en la gestión pública y en la seguridad de los servicios de ambulancia está en juego. Sin duda es de suma importancia que se tomen medidas urgentes para abordar la situación. POR ROGELIO VARELA