La demolición del complejo Punta Paraíso, ubicado en la zona de playa de San Pancho, en Bahía de Banderas, podría representar un costo superior a los 10 millones de pesos, estimó Héctor Pedro Núñez Bueno, director de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, quien señaló que los gastos deberán ser cubiertos por el propietario del desarrollo. En entrevista para “Así las Cosas”, el funcionario explicó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen mesas de trabajo para coordinar las acciones de demolición, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitiera una resolución que autoriza los trabajos bajo determinadas condiciones y faculta al municipio para iniciar el procedimiento. Núñez Bueno indicó que la prioridad es la Torre Uno, debido a que presenta una inclinación considerable y representa un riesgo. El complejo está integrado por tres torres; la segunda cuenta con balcones hacia la playa, mientras que la tercera, de acuerdo con el funcionario, no presenta problemas ni riesgos identificados. Detalló que el municipio aún debe completar trámites ante las autoridades correspondientes y contratar a una empresa especializada que presente un proyecto de demolición. La autorización tiene una vigencia de un año para iniciar los procedimientos, aunque las autoridades buscan avanzar lo antes posible debido a las condiciones de la estructura. El director precisó que el proceso no contempla únicamente el derribo de las torres, sino también el manejo de los escombros, la definición de su destino final y las medidas necesarias para evitar contaminación en la zona marítima. Asimismo, será necesario establecer rutas de acceso para la maquinaria pesada, debido a que el ingreso al complejo se encuentra limitado por una calle cercana a una pequeña plaza. Mientras se concretan los trabajos, las torres permanecen resguardadas por elementos de la Policía Estatal, con recorridos de vigilancia marítima de la Secretaría de Marina. El funcionario advirtió que está prohibido ingresar a los edificios, particularmente a la Torre Uno, debido al riesgo que representa su inclinación. Respecto a las pertenencias de los propietarios, Núñez Bueno señaló que no será posible garantizar el rescate de objetos al interior de la Torre Uno. En el caso de la Torre Dos, las autoridades analizan un procedimiento para permitir el ingreso controlado de los propietarios que lo soliciten formalmente y cuenten con autorización, con el objetivo de retirar sus pertenencias sin comprometer su seguridad. Sobre posibles afectaciones a construcciones cercanas, consideró que el mayor riesgo durante el colapso se concentraría hacia la playa y el mar, donde también existe preocupación por el impacto ambiental de los materiales. No obstante, la empresa que realice la demolición deberá presentar un proyecto técnico que permita establecer las medidas de seguridad para trabajadores, cuerpos de emergencia y población. Núñez Bueno explicó que el caso deriva de un litigio de aproximadamente diez años relacionado con la ocupación de alrededor de mil 766 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, dentro de la zona federal marítimo terrestre. Añadió que la revisión de otras construcciones corresponde a las autoridades municipales, mientras que Protección Ciudadana interviene en la evaluación de riesgos y las labores preventivas. Finalmente, llamó a los desarrolladores inmobiliarios a respetar las licencias de construcción y las concesiones correspondientes, a fin de evitar afectaciones económicas y daños a la zona federal marítimo terrestre.