La síndico de Bahía de Banderas, Daniela Sahagún, informó para los medios que está siendo víctima de violencia política en razón de género dentro del XII Ayuntamiento, encabezado por Héctor Santana, por lo que pide que se tomen medidas para combatir el problema.

“Tengo aquí todo el documentado de solicitudes mediante oficio de información para poder llevar a cabo el ejercicio de mi función, que no han sido contestadas por diferentes dependencias, así como de una minimización de la investidura que represento.

Aquí no se trata de un tema personal, se trata de un tema institucional, en el cual yo soy la representante legal del municipio de Bahía de Banderas, que es el más importante de Nayarit y la tercera economía más grande en crecimiento del país”, explicó.

Por ello, solicitó de manera económica a las dependencias, a la secretaría y a distintas áreas del Ayuntamiento, poder trabajar de manera cordial y respetuosa, sin que le hayan respetado la petición.

“Han existido actividades en las cuales tiene que ver el tema legal, la certeza jurídica y demás y solo se me hizo una llamada para que firme y no me parece lo correcto.

Son varias personas las que están ejerciendo esta violencia y no me gustaría dar nombres en específico en este momento, pero son del ayuntamiento”, abundó para este reportero.

Además, durante su intervención en la vigésima quinta sesión ordinaria de cabildo, Sahagún expuso que ya era suficiente, puesto que los ataques vienen de autoridades o funcionarios públicos.

“No se trata de percepciones, ni de sensibilidades personales, se configura cuando una mujer es obstaculizada, desacreditada, intimidada, minimizada y excluida del ejercicio de sus funciones por razón de género, especialmente cuando estas conductas vienen de autoridades o funcionarios públicos.

Cuando la violencia se ejerce desde la estructura del poder se convierte en violencia institucional y eso agrava la responsabilidad de quien lo ejerce. Como titular de la Sindicatura municipal tengo el deber de ejercer mis funciones con independencia, acceso a la información, participación efectiva y respeto a mi investidura; cualquier acto que limite estos derechos no solo me afecta a mí, afecta a la legalidad del Ayuntamiento.

Hago un llamado formal a que este colegiado asuma su responsabilidad institucional garantizando un entorno libre de violencia política en razón de género y respetando el marco jurídico que nos obliga a todas y a todos.

No es un asunto personal, no es una disputa política, es un tema de legalidad, derechos humanos y responsabilidad pública y creo que ya fue suficiente”, finalizó la síndico.