Como cada año, el transporte público vuelve a sentarse en la mesa política, administrativa y social con el tema del aumento a la tarifa. Un ritual ya conocido.

Aunque la administración asegura no conocer aún el monto ni dimensionar el impacto al bolsillo de los potosinos, la ciudadanía lo intuye desde ahora: el incremento rondará entre los 50 centavos y un peso sobre la tarifa vigente. En términos prácticos, el ajuste no parece escandaloso. Más aún cuando, con la tarifa actual de 12 pesos con 50 centavos, muchos usuarios terminan pagando 13 por el ya clásico “no traigo cambio”. Pero el problema no está en la moneda suelta, sino en la suma. Un chofer de la ruta 22 comenta que diariamente puede transportar alrededor de 500 usuarios. Con un aumento de 50 centavos o un peso, eso representa entre 250 y 500 pesos extra por jornada, solo por unidad. Esa ruta opera hoy unas 18 unidades: hablamos de entre 2 mil 250 y 4 mil 500 pesos diarios adicionales. Al mes, el incremento de un peso se traduce en alrededor de 135 mil pesos; el de 50 centavos, en 67 mil 500. Proyecte usted esas cifras al resto de las rutas del área metropolitana, considerando que hay líneas con mayor número de unidades y un flujo superior de usuarios. El ejemplo citado corresponde a una ruta con afluencia media. Es este peso —o medio peso— el que, año con año, despierta la inconformidad ciudadana. No por la cantidad en sí, sino porque el aumento sigue sin reflejarse en un sistema de transporte digno que responda a las necesidades reales de movilidad. El estado de las unidades y el trato de muchos operadores dejan mucho que desear: asientos rotos, timbres inservibles y choferes —no todos— que no ofrecen ni los buenos días, conducen de forma temeraria, huelen a sustancias y muestran una nula o mínima cultura de atención al usuario. Ese es el óleo cotidiano del transporte urbano en San Luis Potosí. A ello se suma una carencia grave de operadores. Resulta incomprensible que, pese a los incrementos, la oferta laboral siga siendo poco atractiva. El resultado es evidente: largos tiempos de espera, traslados que tardan en comenzar y prácticas irregulares como las documentadas en la ruta 6*, donde algunos choferes, en su prisa por cumplir la vuelta y evadir el tráfico, se detienen fuera de paraderos establecidos y dejan varado al usuario que ya esperaba media hora. Así se mueve el transporte urbano: entre aumentos constantes y deficiencias persistentes. Y, al final, quien sigue pagando la ineficacia es la gente. No basta con autorizar incrementos. Estos deben ir acompañados de políticas públicas que verdaderamente eleven la calidad del servicio que pagamos los potosinos. El sistema gratuito MetroRed es una alternativa útil en términos económicos, pero tampoco es la solución total si las esperas son prolongadas y la infraestructura vial se ve rebasada. La gratuidad no sustituye a un servicio digno, eficiente y moderno. No se trata de los 12 o 13 pesos. Se trata de lo que perdemos cada vez que, por un transporte ineficiente, llegamos tarde al trabajo, a la escuela o a casa.

*El caso de la ruta 6 ha sido documentado por esta casa informativa en el programa *Ahí te Encargo*. ¡Hasta mañana!