TERNA BAJO LA LUPA. En la Facultad de Derecho de la UASLP se vive un movimiento que, aunque intenta presentarse como un proceso ordinario, trae detrás un cúmulo de señales que no encajan. La integración de la terna para renovar la dirección abrió más preguntas que certezas. Y no es solo que se haya informado a deshoras o sin explicaciones formales; es el eco que deja la sensación de que determinados nombres fueron elegidos antes de que iniciara la discusión pública.

Lo que se ha dicho abiertamente es suficiente para encender alertas: académicas que quedaron fuera del proceso sin conocer criterios, reuniones en las que unas voces participaron y otras no, y un calendario tan ajustado que hace difícil cualquier intento de revisión profunda. Pero lo que no se dice resulta todavía más revelador. ¿Qué fuerzas electoreras externas están operando alrededor de esta elección? ¿Por qué la prisa por cerrar filas en torno a perfiles con vínculos políticos ampliamente conocidos?

CONFLICTOS INNECESARIOS. En ese punto aparece un dilema que va más allá de los nombres: la tensión entre autonomía y conveniencia. Cuando los espacios universitarios se cruzan con intereses partidistas, el resultado suele ser una dirección más cercana a quienes la impulsan que a quienes deben ser su prioridad: estudiantes, comunidad académica y sociedad en general. La pregunta incómoda es si esta elección busca fortalecer a la institución o consolidar un acomodo político cuidadosamente tejido desde fuera.

Lo preocupante es que la discusión no se limita a las aulas. La elección llega en un contexto donde la Facultad enfrenta denuncias por malas prácticas y violencia de género. Ese antecedente vuelve indispensable que el proceso sea impecable, no solo legal. Por eso la insistencia de las académicas: que se garantice claridad, imparcialidad y apego a los principios universitarios más básicos. Y es que lo que está en juego no es solo un nombramiento, sino la confianza en la institución que forma a quienes algún día aplicarán, interpretarán y defenderán la ley. Si la Facultad de Derecho potosina permite que sus decisiones se definan entre silencios y prisas, ¿Qué mensaje transmite al resto de la comunidad y de la sociedad en general?

¡Hasta mañana!