La transformación digital ya no es una promesa a futuro ni una simple tendencia de consumo, sino la dinámica cotidiana sobre la que opera la economía local. En San Luis Potosí basta con mirar a nuestro alrededor para comprobarlo, desde los taxistas tradicionales que buscan competir mediante sus propias herramientas de movilidad hasta las micro, pequeñas y medianas empresas para las cuales la integración digital representa la diferencia entre la permanencia y el cierre. Sin embargo, donde este fenómeno muestra su cara más compleja es en el sector del hospedaje, donde las aplicaciones han ganado un terreno considerable en los últimos años. Si revisamos las cifras recientes de alojamientos disponibles tanto en la zona metropolitana de la capital como en la Huasteca y en Real de Catorce, resulta evidente que la oferta digital ya compite al tú por tú con la industria hotelera formal. Pero habría que preguntarse si el crecimiento de este modelo debe leerse realmente como un problema. En una economía abierta y saludable, la diversificación de opciones y la libertad de elección para el visitante son siempre síntomas de dinamismo. El verdadero desafío radica en la brecha regulatoria, pues la velocidad con la que avanza la tecnología contrasta marcadamente con la lentitud con la que se adecuan las leyes locales. El sector hotelero tradicional, un pilar histórico en la generación de empleo formal con prestaciones de ley y cobertura social, ha enfrentado durante años ciclos fluctuantes supeditados a las temporadas altas, los puentes festivos o el turismo de negocios. Por ello, la inquietud actual no deriva de la existencia de nuevas alternativas para el viajero, sino de la ausencia de un marco normativo equitativo que garantice una competencia en igualdad de condiciones para todos los participantes. Para construir una cancha verdaderamente pareja se requiere atender al menos tres frentes fundamentales que hoy generan un desequilibrio evidente. En primer lugar está la equidad fiscal. Mientras la hotelería formal cumple con licencias de funcionamiento, IVA comercial y el Impuesto Sobre Hospedaje, las plataformas digitales deberían sujetarse de manera obligatoria a esquemas equivalentes de retención de impuestos locales y federales para evitar ventajas injustas en el precio final ofertado al consumidor.

En segundo lugar, no podemos perder de vista la seguridad y la calidad del servicio. Quien se hospeda en un hotel tradicional sabe que el establecimiento opera bajo estrictos dictámenes estructurales, normativas de protección civil, seguros de responsabilidad civil, salidas de emergencia y extintores. Exigir estándares mínimos verificables a los inmuebles de plataforma no representa una traba burocrática, sino un principio básico para proteger al usuario y dar certeza al destino turístico. Por último, existe una dimensión operativa y laboral que exige regulación. Ciudades con alta afluencia turística en el mundo han optado por implementar padrones obligatorios de anfitriones y límites anuales de ocupación. Este tipo de medidas permite diferenciar con claridad al ciudadano que alquila un espacio para complementar sus ingresos familiares, del inversionista o esquema inmobiliario que opera unidades masivas sin la regulación ni la responsabilidad laboral de un hotel formal. La digitalización es un proceso irreversible que ofrece ventajas innegables para la economía de la entidad. No se trata de frenar la innovación ni de obstaculizar nuevas alternativas de emprendimiento, sino de asegurar que el marco regulatorio evolucione al mismo ritmo. Garantizar una competencia justa es la única vía para proteger el empleo formal, brindar certeza a quienes nos visitan y asegurar un crecimiento ordenado del turismo en el estado.