En el discurso institucional, levantar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres suele presentarse como una señal de avance, como un indicador de que las condiciones han mejorado y el problema ha sido atendido. Pero en el contexto actual de México, pensar en su retiro difícilmente puede interpretarse como un logro cuando persisten señales preocupantes: impunidad estructural, datos poco claros y una violencia que continúa marcando la vida cotidiana de miles de mujeres. El problema no radica únicamente en la permanencia de la violencia, sino en la falta de transparencia para dimensionarla. La ausencia de información clara sobre muertes violentas de mujeres, los criterios para su clasificación y la escasa rendición de cuentas sobre resultados impiden evaluar si las acciones implementadas han tenido un impacto real. Sin indicadores verificables, cualquier narrativa de éxito corre el riesgo de convertirse en una afirmación política más que en un diagnóstico sustentado. La alerta no es, ni debería ser, un trámite administrativo sujeto a ciclos políticos o a interpretaciones convenientes. Se trata de un mecanismo extraordinario cuyo propósito es erradicar la violencia feminicida, garantizar justicia y construir condiciones efectivas de prevención. Su esencia está en la protección de derechos, la verdad para las víctimas y la reparación del daño, no en la generación de estadísticas favorables para la administración en turno. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿Quién se beneficia cuando se plantea levantar la alerta sin evidencia sólida de mejora estructural? Difícilmente las víctimas o sus familias. La persistencia de la impunidad, la falta de seguimiento a los casos y la opacidad institucional sugieren que el problema no ha sido resuelto, sino administrado.