El Congreso del Estado de San Luis Potosí parece haber encontrado una nueva veta para el aplauso fácil, aunque el costo de la factura amenace con asfixiar, una vez más, las ya limitadas arcas municipales. La reciente propuesta para obligar a los ayuntamientos a dotar de un seguro contra daños a los vehículos que utilicen vialidades con parquímetros es, en apariencia, una medida celebrada por el usuario; sin embargo, en la práctica, se perfila como un dardo envenenado para la operatividad local.

Resulta difícil ignorar la desconexión entre la intención legislativa y la realidad de nuestras calles. Tomemos como ejemplo el Centro Histórico de la capital, un sector que libra una batalla diaria contra el vandalismo y el robo de autopartes. Pretender que el Municipio asuma la responsabilidad financiera de cada cristal roto o espejo sustraído en zonas de parquímetros, bajo el contexto actual de inseguridad, es ignorar la naturaleza misma del riesgo urbano.

Más grave aún es el contraste con la crisis de infraestructura que padece la ciudad. Si los municipios no pueden responder a los miles de ciudadanos cuyos vehículos terminan con suspensiones destrozadas por los inevitables baches, resulta contradictorio —e incluso cínico— imponerles una nueva carga administrativa y económica.

El sistema de parquímetros ya enfrenta sus propios retos técnicos y de transparencia. Sumarle la gestión de pólizas de seguro no es justicia para el conductor, es un lastre que restará recursos a servicios públicos esenciales. La autonomía municipal no debe ser el sacrificio predilecto de los legisladores en su búsqueda de popularidad; antes de legislar beneficios al aire, el Congreso debería enfocarse en cómo fortalecer a los ayuntamientos para que, primero, puedan ofrecer calles dignas por donde circular.

¡Excelente fin de semana!