En la política las reglas del juego se ajustan sobre la marcha lo sabemos, y se sabía desde junio pasado. Lo que trasciende en los pasillos de la coalición oficialista en San Luis Potosí respecto de la designación de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación es un ajuste de fichas; y podría sumar a la grieta profunda entre Morena y sus aliados estratégicos.

La versión de que ninguna de las dos decenas de aspirantes formalmente inscritos logró alcanzar los niveles de competitividad exigidos en las mediciones internas ha servido como el argumento perfecto para descalificar un proceso que se presumía democrático. De confirmarse la perfilación de Eli César Cervantes —un cuadro de la estricta confianza del liderazgo de Ricardo Monreal Ávila y cuyo nombre no figuraba en la lista inicial de registros—, el oficialismo estaría enviando un mensaje inequívoco: el peso de las negociaciones en la cúpula nacional está por encima de los posicionamientos territoriales y el desgaste de las precampañas locales.

Esta maniobra pega de lleno en la frágil relación con el Partido del Trabajo (PT). La dirigencia petista ha venido exigiendo transparencia y rigor en el uso de las encuestas, respaldando la figura de Gerardo Sánchez Zumaya, un perfil que mediáticamente había logrado construir competitividad y presencia en el electorado. Si bien el resultado formal de los estudios de opinión es el único instrumento que debió definir la contienda, la eventual exclusión de los perfiles medidos para imponer una figura externa despoja al proceso de su legitimidad de origen.

¿Cómo explicarle a la militancia que más de veinte aspirantes recorrieron el estado en vano?

Por ahora, el silencio de los aspirantes inscritos guarda una calma tensa. La disciplina partidista suele contener las aguas en el momento previo al anuncio oficial, pero el costo de imponer una decisión desde la capital del país terminará cobrando factura.

¡Hasta mañana!