A pesar de que el proceso electoral para renovar la gubernatura, las alcaldías y las diputaciones de San Luis Potosí está programado para 2027, la escena política potosina ya sufre un febril adelantamiento. Las ansias de poder han desdibujado los calendarios oficiales. Hoy asistimos a una pasarela cínica de "destapes", recorridos de agradecimiento, eventos masivos y encuestas de posicionamiento que saturan el entorno bajo el amparo de vacíos legales.

​Esta prisa no es inocente. Los aspirantes se promueven disfrazando su propaganda de informes o legítimo activismo social. Sin embargo, el costo de este proselitismo anticipado no solo es económico, sino también democrático. Al ignorar las ventanas temporales de la ley, los actores políticos vulneran el principio de equidad, desgastan la confianza ciudadana y desvían la atención de los problemas urgentes que aquejan a las cuatro regiones del estado, como la seguridad o la crisis del agua.

​Las recientes reformas locales, que introducen lineamientos de paridad de género permanentes para la gubernatura en 2027, añaden un matiz estratégico a este tablero; las fuerzas políticas mueven sus piezas. El árbitro electoral enfrenta el reto de frenar estos abusos antes de que el proceso nazca viciado.