Hay semanas en las que las instituciones no fallan por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. En San Luis Potosí, el trabajo de la Fiscalía General del Estado vuelve a colocarse en entredicho no por un solo expediente, sino por una forma de operar que parece más preocupada por fijar una versión que por sostenerla con rigor. Dos casos recientes, distintos en forma, pero parecidos en fondo, exhiben un problema más profundo: la prisa por cerrar narrativas y la lentitud para asumir responsabilidades.

Por un lado está el caso del taxista involucrado en el accidente de la carretera 57. Más allá de la resolución judicial —que corresponde exclusivamente al juez—, el ruido se generó cuando la propia Fiscalía se adelantó públicamente a un fallo que aún no existía. Ese desliz, reconocido después como un “error de tiempos”, no es menor. Cuando una autoridad encargada de investigar parece dictar sentencia antes que el Poder Judicial, el mensaje es inquietante: la transparencia se vuelve secundaria y la confianza pública, un daño colateral. En medio de eso, una familia enfrenta un proceso con la sensación de que no se busca a quien lo hizo, sino a quien lo pague.

El segundo caso es aún más elocuente por el silencio. La brutal agresión contra un joven en pleno Centro Histórico, documentada en videos y conocida por toda la ciudad, ha sido atendida con cautela extrema, respuestas fragmentadas y una narrativa que parece esperar a que el tema se enfríe. No hay prisa aquí, no hay declaraciones adelantadas, no hay firmeza. Hay espera. Espera a que la víctima pueda declarar, a que las lesiones se clasifiquen, a que el escándalo se diluya. La justicia, cuando llega tarde, también es una forma de injusticia.

Lo que no se dice oficialmente es lo que más pesa: la falta de coordinación visible entre la Fiscalía y las corporaciones de seguridad estatales y municipales. En ambos casos, la reacción institucional parece desarticulada, como si cada dependencia jugará su propio partido. Mientras tanto, la ciudadanía observa una justicia desigual: rápida para confirmar culpas en unos casos, lenta para asumir control en otros. Esa asimetría erosiona la credibilidad más que cualquier error técnico.

Al final, la pregunta no es si la Fiscalía tiene expedientes abiertos o procesos en curso, sino si entiende el costo público de sus silencios y sus prisas. Porque cuando una institución encargada de impartir justicia pierde el control del relato, lo que sigue no es solo duda, es desconfianza. Y sin confianza, ningún proceso —por sólido que sea— alcanza a llamarse justicia.

¡Hasta mañana!