La propuesta para sustituir a la CEGAIP por el Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG) marca un punto de inflexión para la transparencia en San Luis Potosí.

La iniciativa redefine quién vigila, quién resuelve las inconformidades ciudadanas y, sobre todo, quién controla el acceso a la información pública.

Resulta inevitable cuestionar si un organismo sectorizado a la Contraloría General del Estado y con un titular designado por el Poder Ejecutivo podrá ejercer la independencia que exige la defensa de un derecho fundamental para las y los potosinos.

La autonomía de los órganos garantes no es un lujo administrativo, sino una condición indispensable para generar confianza entre ciudadanía y gobierno.

También preocupa la ampliación de los plazos para responder solicitudes y la desaparición de facultades como la posibilidad de promover acciones de inconstitucionalidad. Aunque los ajustes puedan justificarse bajo criterios de eficiencia administrativa, el resultado podría traducirse en menores contrapesos y mayores obstáculos para acceder a información pública.

Si la reforma avanza, el reto del Congreso será demostrar que los cambios fortalecen el derecho de acceso a la información y no representan un retroceso en una de las principales herramientas de vigilancia ciudadana.