La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz destituyó a Karla Díaz Hermosilla como titular de la Fiscalía Regional Zona Sur, cargo que ocupaba desde marzo de 2024, en medio de una fuerte controversia por el proceso penal contra el periodista policiaco Rafael León Segovia, conocido como Lafita . Díaz Hermosilla fue removida tras las críticas generadas por la imputación del delito de terrorismo al comunicador, una acusación que implica penas superiores a 30 años de prisión.  Un juez de control desechó la imputación al considerar que no había elementos suficientes, aunque el reportero continúa bajo arraigo domiciliario durante un año por delitos menores. Durante su gestión, Díaz Hermosilla recibió críticas de organizaciones civiles y de libertad de expresión, que denunciaron un intento de criminalizar el trabajo periodístico. El caso alcanzó relevancia nacional y motivó pronunciamientos de organismos especializados. La noche del martes, Braulio Salvador Conde Rivas asumió como nuevo fiscal regional, tras ocho años al frente de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión en Coatzacoalcos. La salida de Díaz Hermosilla ocurre en un contexto de alta sensibilidad para la FGE, que recientemente cambió de titular. Retiraron acusación de terrorismo

El pasado 30 de diciembre, el proceso judicial en contra del comunicador Rafael León Segovia, conocido en el ámbito periodístico de la zona sur de Veracruz como "Lafita León" o "Panky", tomó un giro jurídico significativo tras la determinación de un juez de control en Coatzacoalcos. Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz presentó originalmente una imputación que incluía el delito de terrorismo —basado en el artículo 311 del Código Penal estatal—, la autoridad judicial determinó que los elementos de prueba aportados no eran suficientes para sostener dicha acusación bajo los estándares constitucionales. En su lugar, el juzgador dictó el auto de vinculación a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ataques a las instituciones de seguridad pública. Esta reclasificación ocurre tras una serie de críticas emitidas por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, tales como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quienes calificaron la imputación inicial como un exceso jurídico y un intento de criminalización de la labor informativa en la entidad. A pesar del retiro del cargo de terrorismo, el periodista permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras se desarrolla la etapa de investigación complementaria, periodo en el cual su defensa buscará desestimar los cargos restantes relacionados con su cobertura de hechos delictivos en la región de Coatzacoalcos.

Con información de Excélsior