Irregularidades en torno a la identificación forense en el país se han detectado de una empresa que tenía convenios con fiscalías estatales para identificación de ADN, pero que  realizaba acciones fuera del panorama en contactar a familiares de víctimas de secuestro y asesinato, dio a conocer una investigación denominada como Traficantes de ADN. En entrevista con Así las Cosas en el Bajío, Paula Mónaco, periodista mexicana expuso que dicho laboratorio tenía acceso a una base de datos cuya autoridad la tenía la Fiscalía General de la República, y aunque es común que se le pida a laboratorios privados analizar muestras específicas, no deberían tener autonomía en datos personales de personas sin transparentar dichas acciones. Existe ya un juicio contra el primer comisionado nacional de búsqueda Roberto Cabrera Alfaro, quien es señalado por proceso indebido de la función pública, debido a que se le acredita que fue él quien ocasionó la fuga de información a dicho laboratorio y con ello la información confidencial de personas que aún se desconoce en muchos casos; por no decir que todos, su paradero y su condición. Hasta el momento el caso más sonado es el de Jorge Verás, un abogado de Coahuila quien tiene desaparecidos a su hermano y a su sobrino, durante el día del aniversario de la desaparición de sus familiares lo contactó una empresa por las redes sociales y por su correo electrónico una persona que decía trabajar para Central ADN S.A. de C.V., en específico una mujer,, donde lo citan en una cafetería de la CDMX donde otra persona lo ve para ofrecerle un servicio del laboratorio privado en el proceso de encontrar los cuerpos de su hermano y su sobrino, evidenciando este presunto tráfico de datos, Aunque este proceso puede ser legal, es necesario que exista una reglamentación y muchas leyes que permitan hacer de este proceso uno transparente y no hacer la búsqueda de personas un nuevo negocio en un país donde millones de personas desaparecen día con día.