Antes de establecerse en la ciudad de Nueva York como miles de migrantes más, Abdoul, de 32 años y procedente de África occidental, tuvo una escala inesperada en su viaje: una estadía de varias semanas en una cárcel de Texas por cargos de invasión de propiedad privada después de cruzar la frontera desde México. “Pasé muchas horas sin dormir, sentado en el suelo”, dijo Abdoul, activista político que escapó de Mauritania por miedo a la persecución. Habló bajo la condición de que no se diera a conocer su apellido por miedo a poner en riesgo su solicitud de asilo. A partir de marzo, Texas permitirá que la policía detenga a migrantes que ingresen ilegalmente al estado, y les dará a los jueces locales la facultad para emitir órdenes de deportación. La nueva ley se produce dos años después de que el estado inició una operación a menor escala para arrestar a los migrantes por invasión de propiedad privada. Aunque dicha medida también tenía como objetivo reducir el número de cruces ilegales, hay pocos indicios de que haya tenido éxito. Los resultados plantean dudas sobre el impacto que tienen los arrestos para disuadir la migración, mientras el estado se prepara para otorgarle a la policía mayor autoridad para detener a los migrantes por cargos de ingreso ilegal. Organizaciones defensoras de los derechos civiles ya han interpuesto demandas para frenar la nueva ley del gobernador, el republicano Greg Abbott, la cual califican de una extralimitación anticonstitucional que invade la autoridad del gobierno federal en materia migratoria. Desde 2021, las autoridades de Texas han detenido a casi 10 mil migrantes por cargos menores de invasión de propiedad privada en virtud de lo que Abbott ha calificado como una operación de “detención y cárcel”: los propietarios de tierras a lo largo de la frontera concretan acuerdos con el estado para autorizar los arrestos por invasión de propiedad privada, lo que despeja el camino para que las fuerzas policiales detengan a los migrantes que ingresen al país por esos terrenos. Los arrestos han dado pie a impugnaciones constitucionales en los tribunales, incluidos señalamientos de violaciones al debido proceso. Más recientemente, un dueño de tierras pidió a los agentes que dejen de realizar arrestos en su propiedad, asegurando que las autoridades nunca tuvieron permiso. Abbott había pronosticado que las detenciones por invasión de propiedad privada darían resultados rápidos: “Cuando la gente empiece a enterarse de esto, va a dejar de cruzar la frontera de Texas”, dijo a Fox News en julio de 2021, cuando los cruces fronterizos entre México y Texas alcanzaron los 1.2 millones en ese año fiscal. La cifra subió todavía más durante el último año fiscal, hasta los 1.5 millones. Abbott insinuó este mes que Texas podría eliminar gradualmente los arrestos por invasión de propiedad privada a medida que avanza con los cargos por ingreso ilegal que se pueden aplicar en gran parte del resto del estado, incluso a cientos de kilómetros de la frontera. Los arrestos por invasión de propiedad han sido una piedra angular de la misión fronteriza de casi 10 mil millones de dólares que ha implementado Abbott, conocida como Operación Estrella Solitaria, la cual ha puesto a prueba la autoridad del gobierno federal en materia de migración. Abbott ha enviado a unos 80 mil migrantes en autobuses hacia ciudades con gobiernos demócratas, ha ordenado la instalación de alambre de púas en la frontera y colocado barreras flotantes sobre el río Bravo. La semana pasada, el gobernador ordenó el envío de un vuelo con 120 migrantes a Chicago, en una escalada de su operación de traslados en autobús. La misión es palpable en el condado de Maverick, en donde se han realizado muchas de las detenciones. Los vehículos policiales se encuentran cada pocos kilómetros a lo largo de los caminos de dos carriles que llevan hacia la ciudad fronteriza de Eagle Pass. A lo largo del río Bravo, policías estatales de Florida —uno de varios estados republicanos que han desplegado elementos de la Guardia Nacional y agencias policiales a la frontera— colaboran con las autoridades de Texas. Abdoul fue detenido en el parque Shelby de la ciudad. Era un 4 de julio cuando pisó suelo estadounidense por primera vez. Los agentes que se le acercaron le hicieron algunas preguntas y lo detuvieron poco después. Dijo que en la cárcel recibía porciones pequeñas de alimentos y que era tan desdichado que diría cualquier cosa para salir de ahí. Se declaró culpable de invasión de propiedad privada, un cargo que conlleva una sentencia máxima de un año en prisión. Se desconoce cuántos de los detenidos en la frontera por invasión de propiedad siguen en el país, fueron deportados, se les pidió permanecer para solicitar asilo o se desecharon sus casos. Kristen Etter, una abogada que dijo que su organización legal ha representado a más de 3 mil migrantes por cargos de invasión de propiedad privada, señaló que a la mayoría de sus clientes se les permitió quedarse para pedir asilo. Las detenciones por invasión de propiedad son encabezadas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el cual señaló que la operación fronteriza del estado ha dado como resultado más de 37 mil detenciones penales. La portavoz Ericka Miller dijo que los agentes han impedido que pandilleros, traficantes de personas, agresores sexuales y otros delincuentes ingresen al país. “De no haber estado allí, todos ellos posiblemente habrían cruzado al país sin ningún impedimento”, dijo Miller en un email. “El estado de Texas está trabajando para enviar un mensaje para que quienes buscan ingresar ilegalmente al país lo piensen dos veces”. Rolando Salinas, alcalde de Eagle Pass, firmó una declaración jurada para permitir detenciones como las de Abdoul durante un aumento en el cruce de migrantes en julio pasado. Después de las críticas locales, rescindió la medida, pero sólo durante algunas semanas. Salinas terminó por reconocer que está a favor de la operación porque ha traído personal policial que la ciudad necesitaba con urgencia. --

Con información de Latinus