El diagnóstico ciudadano sobre el comercio artesanal en el Centro Histórico de Querétaro comienza a traducirse en posibles acciones de política pública, luego de que autoridades municipales recibieran una serie de propuestas construidas directamente con los actores involucrados. Así lo informó Betty Marmolejo, secretaria de Participación Ciudadana, quien destacó que este ejercicio —impulsado por la organización Cívica— representa un avance significativo en la construcción de soluciones desde la ciudadanía. “El principal valor de este diagnóstico es que parte de escuchar a todos los actores y de generar propuestas conjuntas; eso facilita su adopción y viabilidad”, explicó. El estudio incluyó 81 cuestionarios directos a comerciantes, 438 encuestas domiciliarias con apoyo de la Universidad de Londres, además de entrevistas y grupos focales. Entre los principales hallazgos, se identificó una fuerte divergencia de percepciones: mientras el comercio formal señala desorden e informalidad, los artesanos denuncian exclusión e invisibilización. Ante este escenario, Marmolejo subrayó la necesidad de un cambio institucional que permita atender la problemática desde una visión de gobernanza colaborativa. “Si la autoridad no cambia su forma de ver y atender estos temas, los resultados serán los mismos o peores”, advirtió. Entre las propuestas destaca la creación de un comité municipal con dos vertientes: una ciudadana, encargada de vigilar el cumplimiento de acuerdos, y otra institucional, integrada por funcionarios responsables de ejecutar las acciones. Asimismo, se plantea la posibilidad de establecer un nuevo mercado artesanal que permita transitar del comercio informal a esquemas formales, replicando modelos exitosos en otras ciudades del país. Este proyecto, sin embargo, dependerá de factores clave como la ubicación, la inversión y el acompañamiento institucional. Uno de los puntos centrales del diagnóstico es la necesidad de priorizar a los artesanos indígenas locales, sin excluir a otros comerciantes, pero reconociendo su valor cultural y su condición de vulnerabilidad. Actualmente, el padrón de comerciantes en vía pública en el Centro Histórico supera las 400 personas, cifra que se incrementó tras la pandemia. “Se tiene que poner orden, pero también garantizar condiciones de inclusión y desarrollo para quienes dependen de esta actividad”, señaló la funcionaria. El municipio cuenta con un plazo de 30 días hábiles para analizar la viabilidad jurídica, financiera y operativa de las propuestas, las cuales incluyen también la creación de un sistema integral de apoyos que abarque salud, educación y desarrollo social para los grupos prioritarios. En paralelo, Marmolejo presentó una estrategia para fomentar la participación ciudadana desde la infancia, mediante la capacitación de más de 3 mil docentes en herramientas cívicas y habilidades para la vida, con el objetivo de formar nuevas generaciones más involucradas en la toma de decisiones públicas. “Queremos ciudadanos que no solo exijan, sino que participen activamente en la construcción de soluciones”, afirmó. Finalmente, la funcionaria reconoció que el principal reto será traducir el diálogo en acciones concretas dentro del tiempo restante de la administración municipal. “Lo peor que podría pasar es quedarnos como estamos”, concluyó.