La presidenta peruana, Dina Boluarte, comparece este viernes por primera vez ante los fiscales por el Rolexgate, un caso por el que es investigada por el delito de enriquecimiento ilícito por la presunta posesión de relojes de lujo y joyas no declarados, un escándalo que sacude los débiles cimientos de su gobierno.   Está previsto que la indagatoria comience a las 8H30 (13H30 GMT). Los fiscales pidieron a la mandataria que presente, en caso de que los tenga, los objetos de valor no declarados como parte de su patrimonio cuando asumió el cargo y que muestre los justificantes de compra o explique su procedencia.  La indagación se produce luego de que la policía allanó su vivienda y despacho presidencial el 30 de marzo en busca de la supuesta colección, compuesta por al menos tres relojes de alta gama marca Rolex que la prensa le atribuye a través de diversas fotografías publicadas en los últimos días. No se sabe si la presidenta acudirá a la sede del Ministerio Público dado que puede recibir a los fiscales en su despacho, según una prerrogativa que ampara a los mandatarios.     El gobierno tiene la esperanza de que el caso quede aclarado con la versión que ofrezca Boluarte para acabar con un escándalo que ya provocó dos pedidos de destitución desde la oposición parlamentaria de izquierda, aunque fueron desestimados el jueves por la mayoría derechista del Congreso.  "Yo presumo que después de esta explicación no le quede más al Ministerio Público que cerrar esta investigación", dijo el jefe del gabinete ministerial Gustavo Adrianzén el jueves. Según Adrianzén la mandataria "sabrá explicar qué es lo que pasó, cómo sucedieron las cosas". Pulsera Cartier de Dina Boluarte, bajo sospecha 

La fiscalía solicitará además explicaciones sobre el origen de depósitos bancarios por un millón de soles (unos 269 mil dólares) en sus cuentas en el período en que se desempeñó como ministra entre 2021 y 2022. También sobre "la posesión de una pulsera Cartier de 56.000 dólares y joyas que habría usado en ceremonias que superarían los 500.000 dólares", según anunció el fiscal general Juan Carlos Villena. Con información de El Heraldo de México.