La diputada Itzul Barrera Rodríguez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, presentó una iniciativa de acuerdo legislativo con el objetivo de exhortar al gobernador del estado, Jesús Pablo Lemus Navarro, a actuar con debida diligencia reforzada en el caso Teuchitlán. La legisladora solicita que el Ejecutivo estatal colabore en las investigaciones exhaustivas y utilice la inteligencia gubernamental para identificar si existen más campos de exterminio y tortura en el estado, operativos desde la administración del exgobernador Enrique Alfaro. Barrera Rodríguez enfatizó la necesidad de hacer públicas las acciones y procedimientos que la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría del Estado inicien para determinar responsabilidades en la administración pasada. En su exposición de motivos, destacó que es facultad soberana del Congreso de Jalisco legislar y ejercer control sobre asuntos de interés público. La diputada recordó que el 6 de diciembre de 2024 se designó a Salvador González de los Santos como fiscal del estado, una decisión que, según su postura, se tomó de manera apresurada. Expresó que votó en contra de su designación al considerar que el cargo requiere un análisis profundo de trayectoria, conocimientos y experiencia en temas de seguridad y justicia. Según la legisladora, Jalisco enfrenta problemáticas graves como desapariciones, feminicidios, homicidios y violencia familiar, lo que demanda un liderazgo con la capacidad de hacerles frente con eficacia. En su argumentación, Barrera Rodríguez citó principios establecidos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Subrayó que la investigación judicial es clave para esclarecer hechos que generan responsabilidad estatal y garantizar justicia a las víctimas y sus familias. La iniciativa también retoma el caso "Velásquez Rodríguez Vs. Honduras", en el que la Corte IDH determinó que el Estado responde por los actos de sus agentes y por la falta de debida diligencia en la prevención y persecución de violaciones a los derechos humanos. En este sentido, la diputada enfatizó que el Estado de Jalisco debe garantizar el respeto a la vida y el acceso a la justicia, y que cualquier omisión en estos deberes puede comprometer su responsabilidad internacional.