Con 474 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión que se perseguirá de oficio.

Durante la sesión presencial de este martes, el diputado de Morena, Leonel Godoy afirmó que “una condicionante para el combate eficaz del delito a la extorsión a nivel nacional tiene que ver con la necesidad de homologar las penas, que permita unificar criterios de justa punibilidad y que nos ayude a combatir realmente este delito”.

“Se requiere la expedición de un marco legal que será esta Ley General contra la Extorsión y que sea homogénea y fortalezca la concurrencia de atribuciones entre la federación y las entidades federativas”, indicó el morenista.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas aclaró en tribuna que “el Grupo Parlamentario del PAN ya había presentado con mucha anterioridad iniciativas de reformas justamente para combatir el delito de la extorsión y, pues, obviamente por eso es que estamos desde las comisiones y ahora aquí acompañando este dictamen”.

“Pero también es importante hablar de los datos, la extorsión es un delito de alto impacto que creció 57% entre 2018 y 2025, es decir, estamos hablando de 19 a casi 30 casos diarios. En 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, equivalente a 5 mil 213 por cada 100 mil habitantes; 71% de los casos se concentran en el estado de Veracruz, el estado de México, el estado de Nuevo León”, indicó.

En su turno, la diputada del Partido Verde, Ruth Maricela Silva Andraca resaltó que “en caso de aprobarse esta reforma Constitucional, deberá fortalecer las facultades de investigación, coordinación y colaboraciones entre instituciones de los distintos órdenes de gobierno para desarmar de raíz a los grupos delincuenciales”.

“Por su parte, los Congresos de los estados también deberán legislar en materia de extorsión conforme a un piso mínimo que debe contemplar el tipo penal, sus agravantes, delitos, vínculos y acciones para proteger a las víctimas”, subrayó.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) César Alejandro Domínguez Domínguez aseguró que “el ambiente de extorsión, lejos de incentivar la formalidad, refuerza la permanencia de la informalidad”.

“En el comercio informal la extorsión se convierte en una suerte de ventanilla única. Basta con pagar una cuota al líder de ambulantes, al policía o al grupo criminal que controla la zona y el comerciante puede operar bajo un acuerdo implícito de protección”, indicó.

El diputado de Morena, Alfredo Vázquez Vázquez preguntó: “¿Cuántos de nosotros no hemos sabido de algún familiar, de algún hermano que ha sido extorsionado? ¿Quién de aquí no ha recibido esos mensajes alegres de decir que tienes suerte y que ahora eres elegida? ¿No? Sin embargo, es necesario tener un marco jurídico ajustado a estas realidades”.

“Como parte de la estrategia nacional para combatir el delito a la extorsión la Presidencia de la República propone modificar el artículo 73 Constitucional para dotarle al Congreso de la Unión facultades para expedir una legislación general que permita prevenir y atacar el tipo penal de extorsión de los distintos niveles de gobierno”, recordó.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández García consideró que “hay un grado enorme de denuncias, aproximadamente 11 mil al año, pero sabemos perfectamente que esta cifra no es real, porque hay un gran número de personas que han sido extorsionadas y que no presentan denuncia”.

“¿Por qué? Por la alta impunidad que prevalece en este sistema de justicia”, se respondió la emecista.

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La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada en la Comisión de Puntos constitucionales en menos de 45 minutos el pasado 5 de agosto.

Con información de Latinus