En rueda de prensa los diputados Mara Robles Villaseñor y Edgar Enrique Velázquez González, anunciaron que presentarán dos iniciativas referentes a la despenalización del aborto; la primera tiene que ver con los criterios que la SCJN resolvió sobre el tema el pasado 7 de septiembre; la segunda, incluye un paquete de derechos acerca de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Ante esto, señalaron que el Congreso del Estado debe cumplir con la obligación de armonizar la legislación local para que se cumpla el criterio de la SCJN. Por ello, los legisladores plantean reformar el artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, a fin de eliminar el enunciado de “reconocimiento, protección y garantía de que la vida de todo ser humano desde la fecundación reputándose como nacido.” Además, solicitan modificar el Código Penal para eliminar la prisión preventiva del aborto; tipificar como delito la interrupción legal del embarazo después de la semana 12 de gestación, la sanción para este ilícito irá de 3 a 6 meses de prisión o 100 a 300 días de trabajo a la comunidad; para quien practique el aborto la penalidad será de 1 a 3 años de prisión y una multa de 50 a 200 días de salarios mínimos. De igual manera, en su propuesta los diputados establecen 5 causales excluyentes de responsabilidad penal como: violación, peligro de salud de la mujer embarazada, alteraciones genéticas o congénitas, o inseminación artificial no consentida. Piden tipificar el aborto forzado cuando se practica a una mujer sin su consentimiento con una sanción de 5 a 8 años de prisión; en caso de violencia física o moral la penalidad será de 8 a 10 años.

Al hacer uso de la voz, la diputada Robles Villaseñor aseguró que la Corte declaró como inconstitucional la criminalización total del aborto, pronunciándose por garantizar el derecho de las mujeres gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Invita a los grupos parlamentarios con representación en esta LXIII Legislatura para que signen estas propuestas.

Por su parte, el diputado Velázquez González señaló que el derecho reconoce a la mujer y a las personas con capacidad de gestar como las únicas personas titulares de su plan de vida a partir de su individualidad e identidad propia, lo que constituye la raíz de la obligación estatal de brindar un ámbito de protección y no el de una sanción.

Reiteró que están “a favor de la vida, pero también, a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo; ya no hay lugar a dudas para que, en ninguna parte del país, se criminalice a una mujer por interrumpir un embarazo. No es un asunto de ganas, es un asunto de salud pública”.