Una polémica histórica y hasta cíclica levanta otra vez la cabeza y agita las relaciones entre Estados Unidos y México. De creer a un reporte del diario Los Angeles Times, y Steve Fisher, el autor en cuestión es serio y sólido; el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, está listo a lanzar una campaña anticorrupción que podría llevar a acusaciones contra miembros del partido en el poder, el Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena).

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió personalmente y demandó pruebas sobre los presuntos nexos criminales de políticos mexicanos ligados al narcotráfico. El problema es que esos nexos pueden ir mucho más allá que la cuestión del narcotráfico, sino incluir huachicol, y otros temas que afectan intereses estadounidenses en México. Francamente se pueden ver las razones de las quejas del embajador Johnson, pero al mismo tiempo parecen encubrir, o dar pie, a justificar medidas que no son del todo claras.

Es, como decía aquella canción de Cri-Cri, una situación de "el comal le dijo a la olla". Cierto que el comal en cuestión tiene mucho más poder que la olla, y un megáfono considerablemente mayor, con más amplificadores y la capacidad para negar accesos comerciales que la olla necesita para seguir al menos con una temperatura moderada, si no caliente, por las fallas estructurales que incluyen la queja del comal. Esto es desde corrupción en el estilo tradicional, con disposición de los dineros del estado, intercambio de recursos y tráfico de influencias en favor de actores no exactamente limpios, hasta el uso de leyes "a modo" para asegurar tanto el control gubernamental sobre organismos presuntamente independientes como facilitar, quizá inconscientemente pero con el control de resultados, la influencia de actores no-gubernamentales que son por lo menos sospechosos.

Que el comal en cuestión esté determinado y presione a su propio Poder Judicial para acatar los designios de su ejecutivo es cierto; que hay una ofensiva contra organismos independientes electorales y hasta intentos de sujetar los organismos reguladores de la economía para que se ajusten a las versiones del gobierno, es parte de ello. Y peor aún, que las familias de funcionarios ahora en el poder lucren abiertamente gracias a su acceso no es algo desconocido, o reciban obsequios por lo menos sospechosos, y se debate ya abiertamente en círculos de prensa y políticos de EU. Esas formulaciones no incluyen el narco, al menos hasta donde se sabe, pero sí posibilidades para el lavado de dinero en un sistema bancario más vulnerable que lo que desean aceptar abiertamente. Pero es más fácil, y mucho menos políticamente complicado, poner culpas en un vecino más débil con problemas de corruptela tan históricos, asumidos por quienes afirman haber cambiado la cara de corruptela en el país. Y eso es cierto: pusieron la suya.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

COLABORADOR   

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