El incendio en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, con saldo de 39 indocumentados muertos, destapó una red de corrupción en la seguridad privada. La compañía Grupo de Seguridad Privada CAMSA, aparentemente ligada al cónsul de Nicaragua, fue contratada por el instituto para custodiar los centros de detención de migrantes de varios estados del país, y las anomalías abrieron la caja de Pandora en la relación del sector público con empresas privadas. En el centro migratorio de Ciudad Juárez se detectó que la empresa sólo tenía reportados cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes. Sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 entidades. Tampoco cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales no reportó altas o bajas de personal. El contrato se otorgó por adjudicación directa, que le permitía prestar sus servicios en instalaciones de este organismo, ubicadas en 23 estados de la República. El documento establece una vigencia del 1 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023, con un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Ya se tienen identificados a los socios: David Vicente Salazar Gasca y George McPhail Trouyet, así como a representantes y apoderados legales. Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V., registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, bajo la modalidad de seguridad privada “en todo el territorio nacional”. Paralelamente al proceso penal que lleva la propia FGR sobre la probable responsabilidad de la empresa, dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica. Aunque el contrato se cancele y se dicten órdenes de aprehensión en contra de representantes de la empresa, se necesita saber quién del gobierno otorgó los contratos. ¿Quién está haciendo dinero con eso? Por eso es urgente que Francisco Garduño, titular del instituto, explique también parte de su responsabilidad. ¿Cuáles eran los protocolos? ¿Cuáles los criterios para contratación de empresas? ¿Cómo se garantiza el funcionamiento? Es claro que no hubo reglamento que se aplicara. Se deben revisar todos los contratos con empresas de seguridad en la administración pública. ••• Uppercut: Es urgente que Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, dé un reporte sobre el caso de dos policías —un hombre y una mujer—, captados torturando a un indigente en calles de la colonia Moderna. No sólo deben ser destituidos, sino que se deben fincar responsabilidades penales, porque, con toda saña, ella se sube en su pie haciendo fuerza con sus botas y deja caer todo su peso, mientras él lo golpea hasta cansarse. Creyeron que nadie los veía, pero fueron captados por una cámara que lo grabó todo. POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

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