Académicos y expertos en el sector energético coincidieron en la Cámara de Diputados que el Estado mexicano debe mantener la rectoría del sistema eléctrico nacional para ejercer su soberanía, pero chocaron en que para ello sea necesaria la reforma constitucional que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante el sexto foro de parlamento abierto sobre la iniciativa, intitulado “El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional”, Paolo Salerno, coordinador del Comité de Energía Cámara de Comercio Italiana, aseguró que el actual marco legislativo en México ya garantiza la soberanía eléctrica del país en el sector a través de los órganos reguladores, por lo que no es necesario hacer cambios constitucionales sino ajustes en leyes secundarias.  Advirtió que dar “más poder” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como absorber al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), causaría “distorsiones” en el servicio, pues podría subir tarifas para los usuarios de forma autoritaria. “‘Va a decir (la CFE), yo lo quiero subir. Punto y pelota. Yo soy el que manda acá’, o sea ¿cancelar la CRE? Repito, el pueblo es el Estado y el Estado tiene la soberanía y la ejerce a través de estos organismos. Punto, no hay más”, dijo. Héctor Alonso Romero Gutiérrez, analista en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), defendió la reforma al señalar que es relevante que el Estado retome las funciones que perdió en la reforma del 2013, evitar que el control del mercado termine en manos de privados y que la industria eléctrica opere sólo como un negocio. “La reforma de 2021, la que estamos discutiendo en este momento, propone que la CFE deje de ser una empresa productiva del Estado y que en su lugar se vuelva un organismo del Estado cuyo objetivo será potenciar el desarrollo nacional, elevar el nivel de las personas y garantizar el abasto de la energía eléctrica y sobre todo garantizar el a través del acceso a la electricidad confiable, segura y asequible, una vida digna para todos los mexicanos”, dijo. En la misma línea, Guadalupe Correa-Cabrera, experta en asuntos públicos y seguridad, advirtió riesgos para el Estado de no aprobarse la reforma y acusó que grandes empresas transnacionales están promoviendo su rechazo por intereses particulares. “Empresas tan importantes como Besta, Sempra, Siemens, Gamesa, Enel Group, Enegas e Iberdrola. Iberdrola ha estado también de tras de estos grandes voceros… Dentro de estas redes se encuentran personajes importantes de la vida política mexicana y del sector energético que tienen muchos vínculos con estas empresas transnacionales y me refiero en particular al Consejo Mexicano de Negocios, al Consejo Coordinador Empresarial, a Grupo México y a empresarios tan importantes como Claudio X. González”, señaló.

Julia González Romero, experta en prevención de riesgos, resaltó que la Concamin estima que si la iniciativa sin cambios, cancelando los contratos en el sector con empresas privada, México tendría que pagar alrededor de 70 mil millones de dólares en compensaciones; además, advirtió daños en materia ambiental al no priorizar la generación de energías limpias, como la eólica y solar. “México es un país soberano. El constituyente tiene soberanía para modificar el marco legal jurídico como mejor convenga a México como país. Sin embargo, la soberanía no exime a México de que si se realiza una violación en términos de un tratado internacional que México suscribió se tenga que responsabilizar de cualquier daño que ocasione”, expresó. Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, también señaló que en este momento “no necesitamos una reforma tan radical. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo con trabajar estratégicamente.

Por su parte, Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, Monterrey, Saltillo, calificó urgente los cambios constitucionales porque, dijo, es imperativo que el Estado sea quien regule la electricidad ya que “la absolutización del mercado y la mercantilización de los bienes públicos son los causantes de la actual desigualdad”. “Tenemos mucho mercado y poco Estado. Y de ese poco Estado que tenemos suele estar capturado por élites políticas y económicas que sean eternizado mucho tiempo en el poder y que lo han usado básicamente para hacer negocios particulares”, dijo.  --

Con información de Heraldo de México