Alertas internacionales prendió el fallo de la Suprema Corte que invalidó las reformas de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el pasado lunes. Esa reforma había corregido la legislación de 2014, la cual forzaba a televisoras y radiodifusoras a diferenciar la opinión de las noticias y de la publicidad, so pena de recibir multas de hasta 3% de sus ingresos anuales e incluso la clausura; todo con la bandera de proteger los derechos de las audiencias. El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán fue respaldado por el pleno del máximo tribunal del país, generando un cisma entre los concesionarios de México y organismos iberoamericanos especializados en temas de libertad de expresión, pues deja en manos del Congreso, de mayoría morenista, la decisión de legalizar la imposición oficial de criterios editoriales y hasta censores en los medios. La Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica condenó esta “regresión”, porque consideró que el fallo de la Corte permite que “en el marco legal se consoliden disposiciones que vulneran la libertad de expresión”, lo que derivaría en “censura previa”. En ese sentido, urgió al Estado mexicano a corregir su marco legal “a la brevedad”, para expulsar cualquier factor que vulnere la libertad de expresión, directa o indirectamente. A su vez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo ver la falta de certidumbre provocada por la decisión de la Corte, pues no resolvió el tema de fondo, sino que se enfocó a invalidar la legislación sólo por la forma en que se aprobó: “se violaron los procesos legislativos”. De ahí que la SIP exhortó al Congreso de México para que en la discusión sobre esa ley se “impulse un debate abierto, plural y apegado a los principios de libertad de expresión y de prensa”. Es decir, que se incluya el punto de vista de todos los involucrados, como los propios concesionarios, los cuales han sido excluidos de esos debates. En cuanto a organismos mexicanos, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, presidida por José Antonio García Herrera, expresó que se pone “en riesgo” la libertad de expresión, y advirtió que las sanciones a los que incumplan con la diferenciación entre noticias y opinión son una “amenaza” contra la labor periodística y los medios de comunicación. De hecho, anunció que, de ser necesario, acudirá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para defender la libertad de expresión. Tan escandaloso resultó el fallo de la Corte, que ésta debió aclarar un día después que su resolución no implica revivir la legislación de 2014, y que tampoco fijó un plazo al Congreso para legislar en la materia, por lo que, por ahora, ambas leyes (la del 14 y la del 17) quedarían en letra muerta… Pero falta lo que diga el Congreso, y es ahí donde tendrá lugar la madre de las batallas por la libertad de expresión. POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

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