Primer gran fracaso de su gestión está viviendo el presidente Andrés López Obrador. Pero no es por 82 por ciento de abstencionismo en la consulta de revocación de mandato, ni que su iniciativa de Reforma Eléctrica para entregar 54 por ciento del mercado nacional a la CFE sea enterrada en la Cámara de Diputados el próximo domingo.  Más bien se trata de uno de sus mayores proyectos de gobierno, aquel que ideó al inicio de su gestión como la panacea del acceso universal a los servicios de salud y que nos iba a elevar al nivel de los países nórdicos: el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que entró en fase terminal desde el 1 de abril pasado.   El mismo presidente instruyó a retirar la respiración artificial a su propia creación, que sólo le sirvió para destruir el Seguro Popular, programa al que su gobierno no ha logrado superar en resultados. Su reemplazó es el IMSS-Bienestar, operado por el director del IMSS, Zoé Robledo.  Todo un reto para el IMSS, que, además de garantizar los servicios de salud a sus casi 29 millones de afiliados, ahora deberá absorber a los 68.1 millones de mexicanas y mexicanos que desatendió el Insabi.   Así, el primer día de abril Zoé echó a andar el programa en Nayarit, a lado del gobernador Miguel Ángel Navarro, médico de profesión, quien lanzó el primer puño de tierra a la fosa del Insabi: “nunca alcanzó los estándares de calidad y eficiencia que se querían”, sostuvo en una entrevista radiofónica.  Además del nayarita, los primeros estados en sumarse a ese modelo fueron Tlaxcala, gobernador por Lorena Cuéllar, y Colima, de Indira Vizcaíno. Y para la primera quincena de este mes, prácticamente los 19 mandatarios de la cuatroté (17 de Morena, uno del PVEM y uno del PES) aceptaron adherirse al IMSS-Bienestar, y es altamente probable que mandatarios de oposición también lo hagan.    Precisamente para eso fue la reunión del pasado martes del Presidente con los gobernadores de todo el país: para federalizar los servicios de salud bajo el nuevo esquema operado por el IMSS, y que cada entidad decida si se suma.   Porque con el Insabi, México no sólo quedó a eones de distancia de los países nórdicos, sino que se colocó como el cuarto país con el peor sistema se salud, sólo por debajo de Polonia, Perú y Chile, de acuerdo con el ranking Global Health Service Monitor.   Con un presupuesto de entre $105 mil millones y $112 mil millones, en 2020; de $92 mil 605, en 2021; y de $103 mil 366 en 2022, el Insabi debía atender en el sexenio a 68.1 millones de personas sin seguridad social, pero sólo consiguió lo contrario.   De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los dos primeros años de operación del Insabi, las mexicanas y mexicanos sin acceso a servicios de salud aumentaron 16.2%, en 2019, y 28.2% en 2020, lo que representa un incremento de 35.7 millones de personas.   Sin contar con el desabasto de medicamentos que no se ha podido resolver, ni el brusco descenso en las consultas médicas para la población más vulnerable: en enero de este 2022 fueron 996 mil, 431 mil menos que el mismo mes del año pasado, y 4.7 millones menos que en enero de 2019.   Los responsables de este desastre tienen nombre y apellido: el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, un funcionario tan experimentado en dirigir zonas arqueológicas, que ya dejó en ruinas uno de los principales proyectos estrella del presidente López Obrador.    ***  EN EL VISOR: Tan resignados están en la Presidencia respecto a que la iniciativa eléctrica no será aprobada este domingo, que ya hay un plan alterno para revivirla. No en la Cámara de Diputados, sino en el Senado, donde los morenistas, Alejandro Armenta, Rafael Espino de la Peña y Sergio Pérez Flores, se encargarían de ello, en el próximo periodo de sesiones.   POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

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