El procurador fiscal Arturo Medina había denunciado en la conferencia mañanera que la Corte buscaba exonerar a Cárdenas para no pagar ese crédito fiscal DESDE 2020 EL gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició la cacería del que considera socio y prestanombres de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Hablamos de Gustavo Cárdenas Moreno, el principal proveedor de armamento durante la guerra contra el narco en el sexenio calderonista: desde armas de todos los calibres, hasta aviones, pasando por helicópteros, drones, tanques, tanquetas, chalecos y todo tipo de uniformes y equipos de asalto. La Unidad de Inteligencia Financiera en tiempos de Santiago Nieto le congeló cuentas bancarias y la Fiscalía General de la República (FGR) seguía la pista a él y a su padre, Gustavo Cárdenas Fuentes. Se investigaba a la empresa Obses de México y los RFC CAMG740923N9A del hijo, y CAFG280218MH4 del padre. Pero la cosa explosionó cuando Cárdenas cometió el error de mandar un pésimo mensaje a la FGR.  Complicidades, argucias legales y una buena estructura de fideicomisos en el extranjero a nombre de sus cercanos, han permitido que Cárdenas haya evadido a la Fiscalía. A los Cárdenas les sonrió la suerte en el sexenio de Calderón, gracias a su cercanía y sociedad con el ex funcionario García Luna, hoy detenido en una prisión de Nueva York acusado de delitos de narcotráfico. Gustavo trabajó en el gobierno de Chiapas, de Pablo Salazar Mendiguchía, al lado del entonces procurador del Estado, Mariano Herrán Salvatti, y de ahí saltó al nivel federal para proveerle a García Luna equipos de seguridad, durante el gobierno de Vicente Fox. En sus años mozos vivió en la colonia Lindavista, donde conocería y haría estrecha amistad con quienes años después se encumbrarían: Luis Cárdenas Palomino y Humberto Castillejos, el primero, encargado de la Agencia Federal de Investigación, y el segundo, Consejero Jurídico de la Presidencia de Enrique Peña Nieto. Famoso por la organización de eventos de música electrónica en el extranjero, como Burning Man, viajes en aviones privados y una vida llena de lujos, veremos si esta vez la justicia lo alcanza. Por lo pronto, la Segunda Sala de la SCJN rechazó ayer amparar a Cárdenas Fuentes contra el pago de 342 millones de pesos acumulados desde el ejercicio fiscal de 2015.

El procurador fiscal Arturo Medina había denunciado en la conferencia mañanera que la Corte buscaba exonerar a Cárdenas para no pagar ese crédito fiscal, lo que hubiera dejado una afectación a Hacienda de 10 mil millones de pesos por casos similares en litigio. AYER FUERON CONVOCADOS en la Secretaría de Infraestructura representantes de Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, Volaris, que comanda Enrique Beltranena, y Viva Aerobus, de Roberto Alcántara. Les pidieron sus respectivos planes de expansión a Estados Unidos una vez que México recupere la Categoría 1 de seguridad aérea. Pero más allá de eso, un tema de fondo que se tocó en la dependencia que capitanea Jorge Nuño fue qué va pasar con la Terminal 1. La subsecretaría de Transportes, que lleva Rogelio Jiménez Pons, cuenta con un estudio del afamado arquitecto Oren Tacher, ex socio de la reputada Skidmore Owings & Merrill LLP, firma que compitió contra el bufete de Norman Foster para construir el fallido aeropuerto de Texcoco. Y no hay de otra: Aeroméxico, Volaris y Viva tienen que mover una buena parte de sus operaciones al nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles para desalojar la T1, reubicarla y usar ese espacio para construir una nueva pista de carreteo, la Charlie, primer paso para ampliar el Aeropuerto Benito Juárez. EL GOBIERNO DE la 4T logró una suscripción de hasta 10 mil 700 millones de dólares para financiar el componente de deuda para adquirir las 13 plantas, 12 de ciclo combinado y una eólica, de la española Iberdrola. Para que dimensione el apetito que hay en el mercado financiero por esa operación, que estructura la Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, el requerimiento es de 3 mil 700 millones de dólares. Los bancos que ofertaron son BBVA, que preside Carlos Torres Vila; Santander, de Ana Botín; Scotiabank, que encabeza Scott Thomson; BNP Paribas, que lidera Jean-Laurent Bonnafé; Sumitomo, que lleva Makoto Takashima; Bancomext, a cargo de Luis Antonio Ramírez, y Banobras, que conduce Jorge Mendoza. En próximos días se tendrán que asignar los tranches por banco y la institución líder de la estructuración de la línea crediticia. ESTÁ AQUÍ NOEL Quinn, el presidente mundial del banco HSBC. Ayer sostuvo un encuentro privado con los 50 principales clientes de la institución que dirige en México Jorge Arce. Quinn tiene previsto reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O en Palacio Nacional. El directivo, que desde 2019 encabeza los destinos de unos de los bancos más grandes del mundo, informó que HSBC seguirá invirtiendo fuerte en nuestro país y que uno de sus objetivos prioritarios es expandir el crédito hipotecario. Algunos de los empresarios asistentes fueron Carlos García, de Kavak; Carlos Zarlenga, Stellantis; Sergio Argüelles, Finsa; Santiago Álvarez, de Pisa; Max Elman, Funo, y Raúl Martínez, de Fibra Educa. LA NOVEDAD ES que los acreedores de Landsteiner, léase BBVA, de Eduardo Osuna; Banorte, de Carlos Hank González; Invex, de Juan Guichard, y Banregio, de Manuel G. Rivero Santos, afilan los cuchillos contra el laboratorio. El pleito involucra un pasivo de mil 200 millones de pesos, que vía créditos solicitó hace tres años Miguel Granados y que ahora se niegan a pagar haciéndolos a un lado. Ayer le informé que el Bancomext, como principal acreedor, no se está subiendo con los demás bancos. Se le pagaría por separado y a los demás en 15 años. Granados desconoció contratos, fideicomisos, aportaciones de acciones e incluso una de sus dos plantas. Los bancos van con todo por la quiebra. DERIVADO DEL ASEGURAMIENTO del Hotel Heaven Riviera Maya hace poco más de un mes, Promotora Rancho San Miguel, de Juan Llull, promovió un amparo en contra de ese recurso en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo. Sin embargo, días después se desistió y el 19 de mayo, otra vez, presentó otro amparo en la carpeta de investigación 10/79/222. Contrario a la ley, promovieron dos acciones legales sobre el mismo acto reclamado, pero nuevamente la autoridad le negó la suspensión parcial, con lo que nuevamente dieron la razón a la parte del dueño legítimo del predio, Sergio Herrera Zubeldía. No obstante, el hotel sigue operando como si nada pasara. A PESAR DE las reticencias para cumplir con la ley y sus constantes desafíos a la autoridad, con anuncios espectaculares prohibidos en azoteas o sobredimensionados, finalmente Show Case, de la activista Isabel Miranda de Wallace, cedió y empezó a retirar estructuras prohibidas. Se han podido apreciar trabajos para desmontar espectaculares en diversas partes de la CDMX, mismos que pertenecen a su empresa. Quedó demostrado que litigar en sus espacios de publicidad exterior no ha sido sinónimo de excepción para Show Case. La ley de publicidad exterior es pareja para todos en el reordenamiento emprendido por la autoridad. POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE