En reunión de trabajo de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda del Estado y Derechos Humanos, sus integrantes aprobaron por unanimidad, la reforma que eleva a rango constitucional los programas sociales, para combatir la pobreza y ayudar a los grupos vulnerables a salir adelante, iniciativa presentada por el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

El presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, diputado Edmundo Azael Torrescano Medina informó que, en la reunión participó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Juan Ignacio Segura Morquecho y el director jurídico del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Julio César Martínez Vázquez, para analizar el tema y abundar en los programas que aplican, ya que en ellos recaerá esta reforma.

Esta armonización a la reforma al artículo cuarto que se hizo a la Constitución General impulsada por el presidente de la República, es incluso más específica y positiva, “porque representa un gran brinco en temas de políticas públicas; viene con especificaciones claras señalando cuáles programas se realizarán para erradicar la pobreza en San Luis Potosí”.

El objetivo es establecer la obligatoriedad de los programas sociales que garanticen el derecho a una vida digna, a la alimentación y salud de calidad, mediante becas alimentarias, becas de recursos en efectivo para madres solteras, becas de adultos mayores en esquema de tortillas, agua gratuita, seguros de gastos médicos para mujeres y becas para estudiantes en condición de pobreza y transporte público para ellos.

En la reunión de trabajo quedó claro que se trata de una armonización que establece el tipo de programas como son becas para personas vulnerables con énfasis a personas que padecen pobreza extrema, mujeres y estudiantes; “es un gran brinco en materia de desarrollo social porque se garantiza desde la Constitución la obligatoriedad del estado para abatir el hambre con programas específicos”.

Al estar en la Constitución estos programas, se quedan como un derecho y es una obligación garantizarlos, de tal manera que no queda como una situación ambigua sino específica y clara en las obligaciones; incluso, es más amplia y de mayor relevancia la reforma a la constitución local que como quedó establecido el tema en la Federal.

El titular de la Sedesore, Juan Ignacio Segura aseguró que con esta reforma, los Poderes Ejecutivo y Legislativo trascienden al marcar un precedente en el manejo de la política de inclusión, ya que el desarrollo social no estará sujeto a una mal utilización del recurso o a intereses políticos.

Estableció que los programas que se llevan a cabo como el de adultos mayores, alimentación, mujeres, estudiantes, personas con discapacidad, madres solteras, placas y licencias gratis, entre otros, son exitosos porque realmente marcan una diferencia en la calidad de vida de las personas.