En entrevista para “Así las Cosas”, Fernando Castro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, expresó su preocupación sobre la reforma judicial propuesta en México, asegurando que el problema principal no radica en la elección popular de jueces, magistrados y ministros, sino en la posibilidad de que esta votación sea influenciada por intereses políticos y financiamiento ilícito, lo que pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial. "Lo preocupante no es que se otorgue demasiado poder a la población, sino que este poder sea manipulado por fuerzas políticas con agendas ocultas", afirmó Castro Rubio. Para el empresario, México merece un Poder Judicial independiente, comprometido con los derechos humanos y con la capacidad de esclarecer delitos y perseguir a los responsables basándose en pruebas sólidas. Sin embargo, considera que la reforma actual está lejos de avanzar hacia estos objetivos, lo que es esencial para garantizar el acceso a la justicia en el país. En los últimos años, el presidente López Obrador ha señalado al Poder Judicial como uno de los principales responsables de la impunidad en México, criticando continuamente a los jueces por liberar a personas, lo que, según él, es resultado de prácticas corruptas. Este discurso, según Fernando Castro Rubio, promueve la idea de que el castigo debe prevalecer sobre el debido proceso, lo que podría erosionar el estado de derecho. Castro Rubio destacó el ejemplo de Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez desmanteló la Corte Suprema y la reemplazó por un Tribunal Constitucional a su medida. Aunque en México la propuesta es distinta, el empresario advierte sobre los riesgos de que una reforma similar pueda llevar a la subordinación del Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo. "Es preocupante pensar que algo similar pueda suceder en nuestro país si se aprueba esta reforma", subrayó. Además, Castro Rubio hizo un llamado al sector empresarial y a la sociedad en general para que esta reforma se discuta de manera responsable, con el tiempo y la profundidad necesarios, evitando que se apruebe "al vapor".