En un contexto donde las reformas judiciales y constitucionales en México han generado diversas opiniones y preocupaciones, Fernando Castro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, expresó la relevancia del llamado “control de convencionalidad” en el país. Este mecanismo, según el empresario, asegura que las leyes mexicanas se ajusten a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha ratificado, siendo una medida que mantiene la coherencia entre el marco jurídico interno y los compromisos internacionales. “La Suprema Corte y el Poder Judicial en general están conscientes de su obligación de aplicar las leyes nacionales, pero también deben garantizar que los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se respetan en su totalidad”, señaló Castro Rubio. “Este control convencional implica que las disposiciones legales internas no deben contradecir o desvirtuar los derechos fundamentales que esos tratados buscan proteger, y que en última instancia favorecen a la persona”. La reciente presión de organismos internacionales, como Amnistía Internacional, ante propuestas de reforma judicial en México es, para Castro Rubio, una muestra de la interconexión entre el orden jurídico nacional y los compromisos internacionales que el país ha asumido. Explicó que, desde la reforma constitucional de 2011, los tratados internacionales en derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Esto significa que México, al ser uno de los países con más tratados ratificados, especialmente en derechos humanos, debe respetar el control de convencionalidad en cada decisión judicial relevante. En entrevista para “Así las Cosas”, Castro Rubio destacó cómo esta armonización de leyes nacionales e internacionales no solo es un compromiso de derechos humanos, sino también un tema de estabilidad económica y diplomática. “México, al participar activamente en el orden internacional, no puede darse el lujo de ignorar sus obligaciones convencionales. Esta situación afecta nuestra reputación y confianza en el ámbito de los negocios, donde el respeto a las normas internacionales genera seguridad jurídica para las inversiones extranjeras y facilita acuerdos comerciales”. Además, mencionó que la postura de los países con quienes México mantiene estrechos lazos económicos y diplomáticos, como Estados Unidos y las naciones de América Latina, es relevante, ya que dichos países tienen ciudadanos y empresas operando en México, cuyos intereses también deben ser protegidos. por la legislación local e internacional. "No somos un país aislado. El respeto por los tratados también es una manera de corresponder a la protección que México exige para sus ciudadanos en el extranjero", afirmó Castro Rubio. Ante los cuestionamientos sobre si las reformas recientes pueden considerar un retroceso en derechos humanos, Castro Rubio explicó que los organismos internacionales continuarán emitiendo pronunciamientos sobre el tema, ya que la protección de los derechos humanos y el respeto a los tratados suscritos son prioridades ineludibles para cualquier país en el orden internacional actual.