El sector empresarial manifestó su preocupación ante la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo por parte de la Cámara de Diputados, al considerar que representa un retroceso en materia de garantías individuales y Estado de Derecho. Organismos como la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) y la Fundación Vamos México advirtieron que los cambios podrían afectar principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a ciudadanos que utilicen esta herramienta legal para defenderse de actos gubernamentales o fiscales. La reforma modifica diversas disposiciones de la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entre sus puntos centrales destaca un nuevo artículo transitorio que establece reglas procesales diferenciadas según la etapa en que se encuentren los juicios, así como mayores restricciones al uso del amparo en casos fiscales. Para impugnar créditos firmes, los contribuyentes deberán garantizar el interés fiscal mediante fianzas o depósitos, medida que el gobierno argumenta servirá para frenar abusos de grandes contribuyentes. Sin embargo, líderes empresariales señalan que estas disposiciones afectarán principalmente a las mipymes, que no cuentan con los recursos legales de las grandes corporaciones. Helen Anaya Sanromán, vicepresidenta de la Canirac en la Zona Centro, calificó la medida como “un retroceso a la democracia”, al debilitar los mecanismos de defensa para empresarios y ciudadanos. También advirtió sobre un posible trasfondo político, al recordar que obras federales como el Tren Maya y el aeropuerto capitalino enfrentaron múltiples amparos, y que esta reforma podría limitar futuras impugnaciones a megaproyectos gubernamentales. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

Desde AMEXME, Rosa Isela Ramírez Revilla expresó cautela pero también inquietud respecto a cómo se aplicarán las nuevas reglas en procesos en curso. Aunque el gobierno asegura que la reforma no tendrá efectos retroactivos, señaló que su redacción genera incertidumbre sobre la continuidad de juicios ya iniciados. En conjunto, el sector empresarial coincidió en que la reforma incrementa la inseguridad jurídica y podría dificultar el acceso a la justicia para quienes tienen menos recursos legales. Con información de OEM / El Sol de León