La Secretaría de Finanzas (Sefin) y la Consejería Jurídica, llevan a cabo un estudio minucioso del contrato que actualmente sostienen con la fiduciaria del Grupo Financiero Banorte, debido al incorrecto ejercicio de sus funciones respecto del manejo del recurso de la administración estatal que se suscitó recientemente, con el fideicomiso del Proyecto del Sistema de Tratamiento de Agua Tenorio, informó Salvador González Martínez titular de la dependencia estatal. El funcionario refirió que se está analizando la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ya que se considera que, con la actuación de esta área de la Institución Bancaria en mención, se están afectando las finanzas del Estado y por ende todo lo que conlleva, participaciones municipales, pagos a proveedores, compromisos de pago, entre otras acciones. La administración estatal sostiene diversos servicios contratados con Banorte, tales como manejos de cuentas productivas, cuentas de inversión, cuentas productivas, cuentas de crédito y en especial ese contrato de fideicomiso de administración de participaciones. Sin embargo, explicó el titular de la Sefin, que el desacuerdo es exclusivamente con el área fiduciaria.  Precisó que la administración estatal tiene contratado un servicio de fideicomiso de administración y garantías de pago, con la fiduciaria de Banorte, en donde las aportaciones y participaciones federales llegan primero a ese fideicomiso; y se encargan de pagar las diferentes solicitudes de pago de los acreedores y los remanentes los entrega a la Sefin. Sin embargo, la fiduciaria, incorrectamente, hizo una retención por 160 millones de pesos de un concepto que es el contrato de prestación de servicios con Aguas de Residuo del Tenorio, más otros créditos, en total 200 millones de pesos. La fiduciaria cometió tres errores, no informar a la administración estatal de dicha retención, retener el recurso antes de la fecha de vencimiento y hacer sus provisiones de manera incorrecta. Por lo anterior la administración estatal, hizo un reclamo ante la Institución Bancaria, lo que derivó en la devolución del recurso, reteniendo únicamente lo que obliga la ley y bajo las condiciones del contrato de fideicomiso.