El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) desarrolló el Índice de Desempeño Administrativo (IDA) que analiza las capacidades normativas, de cumplimiento de normas de transparencia, recursos humanos y gestión presupuestal de siete instituciones centralizadas y de seis instituciones autónomas, con el objetivo de identificar lo que se está haciendo bien y qué es en lo están fallando para efectuar mejor su trabajo. Santiago Carriles, investigador del IMCO, señaló en Así las cosas El Bajío que de manera generalizada, tanto las instituciones centralizadas de gobierno y las instituciones autónomas requieren mejorar la planeación y gestión de sus recursos humanos y financieros, y aunque cuentan con un marco normativo amplio, este no atiende necesariamente sus desafíos actuales  Las instituciones centralizadas evaluados fueron: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) , Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) y Secretaría de Bienestar (Bienestar), donde se detectó que hay mala planeación y responden de forma improvisada, impidiéndoles tener una estructura donde sea óptimo el trabajo, “prácticamente ninguna de estas secretarías ha ajustado los salarios de su personal a la inflación, por mencionar un ejemplo, un aspecto negativo para que la gente quiera hacer bien su trabajo”, expresó. Par el caso de las instituciones autónomas analizadas fueron: el Banco de México (Banxico), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), todas ellas tienen mayor estabilidad presupuestaria y mejor ejercicio del gasto con respecto a las centralizadas, no obstante, se observa un aumento en las observaciones del órgano interno de control y una disminución en las investigaciones concluidas por faltas administrativas. Un ejemplo relevante es el INE que, aunque tiene fortalezas en el eje de cumplimiento, requiere promover la preparación y capacitación de sus servidores públicos, ya que solo 11% de su personal cuenta con educación superior, “al final ponen en riesgo la gestión de los recursos que son de todos y que son las instituciones públicas las que los gestionan por un bien general”. Finalmente señaló que es necesario fortalecer la disciplina y estabilidad presupuestaria, lo que implica que las instituciones planeen adecuadamente el gasto según sus realidades y promuevan estrategias de priorización de gasto.