México enfrenta un sinnúmero de desafíos en materia de derechos humanos y desarrollo que exigen una agenda de políticas que lleven una orientación estratégica y por consecuencia, reformas legales y constitucionales que doten de confianza a la sociedad en la mejora de la calidad de vida y en la protección de los derechos de todos los mexicanos. En medio de la crisis de violencia y la consecuente pérdida de un derecho humano tan fundamental como la libertad, surge la necesidad que los actores políticos que toman decisiones y dictan las decisiones gubernamentales, dejen de polarizar a la sociedad y convoquen a un pacto social que involucre a los distintos sectores con acciones que recuperen la confianza y fortalezcan el Estado de Derecho. La situación que ha dejado la pandemia, que ha golpeado fuertemente a las estructuras económicas y la grave condición de violencia, fortalecen, de manera lamentable, el crecimiento de la impunidad, que se ha convertido en un fenómeno estructural que afecta de manera directa a los ciudadanos, habida cuenta que golpea a la paz y la democracia, y debilita la estructuras de la justicia. La impunidad que vivimos, impide que las reglas del juego político y económico se apliquen con una verdadera igualdad y que garantice el acceso a la justicia. Los feroces actos de violencia que hoy aterran a la sociedad, que imprimen miedo en todos los sectores, que se aplican medidas tardías en los actos de vigilancia e inteligencia policial,  revela que vivimos entre la impunidad y la indiferencia del poder a cualquier nivel. Todo lo anterior confirma que la corrupción, es sólo una forma de impunidad que muestra los mecanismos en que operan los delincuentes y que se manifiesta de la forma más envilecida.

No sólo arrebatan la vida de las personas, se llevan también la tranquilidad y la libertad de todos los ciudadanos, que observan con miedo y terror que los homicidas se mueven entre la impunidad y la indiferencia de las autoridades. Hoy se debe actuar con seriedad, se debe pensar que la construcción de la paz es un proceso constante, en el que se deben dar pasos irreversibles, por lo que debe construirse, de inmediato, un sistema de justicia eficaz y eficiente. No se puede culpar a nadie de nuestros propios errores y no se puede mirar al pasado cuando no sabemos cómo enfrentar el porvenir. Si bien es cierto, todo es una herencia en materia de justicia, también es cierto que hoy por hoy, el deber de los gobernantes es devolver la paz. La apertura del nuevo y moderno C5, cuando esté terminado y entregado para su operación, es apenas una manera de dar un paso en la dirección correcta, pero se requiere de una visión más amplia que debe estar integrada con desarrollo económico, generación de una planta productiva y el establecimiento de una política gubernamental orientada en una sola dirección. Esperemos que la visita dominical del Presidente de la República sirva para terminar con la división de los equipos al interior del gobierno y que se planteen estrategias que unifique al gobierno si es que quieren replicarlo en la sociedad, porque hoy lo que el gobierno refleja es lo que pasa en la sociedad misma, cada quien viendo por sus propios intereses y al final si algo queda, se reparte en la confianza de la gente, que cada día la pierde más. Esperemos que la construcción de un nuevo Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Calidad, sirva como detonante del primer paso.