El Fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano, en conferencia de prensa dio a conocer importantes avances sobre el feminicidio de dos menores de edad, hermanas entre sí, ocurrido en días pasados en el municipio de Bahía de Banderas.

El funcionario expuso que el pasado 26 de septiembre, el Agente del Ministerio Público adscrito a Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, recibió la denuncia por desaparición de dos menores de edad de nombres Amelia y Verónica, de 11 y 14 años, respectivamente, refiriendo la madre de estas de nombre María que desde el día 23 de septiembre no sabía de sus hijas, ya que alrededor de las 18:00 horas del referido día salieron sin su autorización de su domicilio, y que al contactar a una de ellas vía telefónica, esta le dijo que se encontraban en el poblado San Vicente, del mismo municipio, con un hombre que les estaba invitando Sabritas. Momentos

después la madre volvió a llamar a su hija, pidiéndole que volvieran a su casa,

pero la respuesta fue que volverían más tarde, lo cual no ocurrió.

Tras la denuncia por desaparición se activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, recabándose muestra biológica a la madre de las menores para obtener su perfil genético, el cual permitiera ingresarlo a la base de datos para la confronta posterior. El 25 de septiembre, indicó Díaz Ponce Medrano, la Dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas recibió reporte de que en la zona del estero Coamile de la playa Careyeros, cerca del poblado Higuera Blanca, se encontraban dos cuerpos sin vida, al parecer de sexo femenino, por lo que acudieron pero solo localizaron un cuerpo en la zona del estero, y al día siguiente elementos de Policía Estatal recibieron el reporte de que en la zona de playa de Careyeros se encontraba flotando el cuerpo sin vida de una persona, a la altura del crucero de Punta de Mita e Higuera Blanca, lugar del cual se rescató el cadáver. Señaló el funcionario que ambos cuerpos presentaban ausencia de algunas extremidades y lesiones en rostro que no permitían su identificación, pues mostraban signos de ataque de cocodrilos, procediéndose a la realización de la necropsia de ley. Mediante la autopsia, dijo, se logró identificar en los cuerpos agresión física, ya que ambos presentaban signos de contusión activa en cráneo y asfixia mecánica, en tanto que el primero de los cadáveres además presentó una lesión punzante en cráneo, siendo precisamente ello la causa de la muerte. Hizo mención especial que estos decisivos hallazgos se consiguieron gracias al profesionalismo y conocimiento técnico y científico de los peritos médicos forenses, lo cual permitió que el tratamiento de la investigación se encauzara hacia una muerte dolosa y se desestimara la hipótesis de asfixia por inmersión. A dichos cuerpos sin vida se les tomó la correspondiente muestra biológica para comparar su perfil genético con el de la señora María que buscaba a sus menores hijas, obteniéndose un resultado positivo; es decir, los cuerpos sin vida encontrados correspondían a las hijas de la señora María. Ello permitió la acumulación de las tres carpetas de investigación, tanto la denuncia por desaparición como de los dos cuerpos encontrados sin vida, para obtener mayor información, toda vez que de la ampliación de entrevista tomada a la señora María, esta refirió sospechar de los ahora imputados César “N” y Catyan “N”, de 44 y 32 años de edad, respectivamente, quienes son esposos entre sí y vecinos del poblado San Vicente, Municipio de Bahía de Banderas, ya que existen antecedentes de amenazas que realizaron a la propia señora María, en el sentido de causarle daño a sus hijas. Señaló la ofendida que desde un año atrás César salía con su hija Verónica, de 14 años, y que precisamente a principios de septiembre ambos imputados llegaron a su domicilio encontrándose ahí sus dos menores hijas y su esposo, a quien César dijo: “ya no aguanto a sus hijas, le mandan fotos a mi vieja; yo no me hago responsable si algo les pasa”. Agregó que ese día sustrajeron del domicilio el teléfono de las menores víctimas y antes de retirarse la propia Catyan hizo la siguiente amenaza: “ya no aguanto a sus hijas, si les pasa algo, se desaparecen o si aparecen muertas, no hay manera de probar que fui yo; ya me tienen harta las dos, ya llegué a mi límite; si les pasa algo, no digas que no te advertí”. Expresó la señora María que su hija Verónica le hizo saber que ya anteriormente había recibido este tipo de amenazas de parte de los imputados, y que además en otra ocasión César, con engaños, se la llevó a bordo de su vehículo en cuya parte posterior iba escondida Catyan, y que esta la amenazó con un cuchillo diciéndole que la mataría, golpeándola y tomando un galón de gasolina que arrojó a Verónica en sus piernas y partes íntimas, tomando un encendedor para prenderle fuego, siendo esto impedido por César. En otra ocasión, los imputados acudieron de nuevo a la casa de las víctimas y sus padres, diciéndoles que se fueran de ahí, que los llevarían a la Central de autobuses para que se fueran a León, ya que Catyan no quería verlas; que ya no quería que molestaran a su esposo. Comentó el Fiscal que el día de la desaparición de las menores víctimas, la madre de estas sorprendió a Amelia en medio de una videollamada con César, al cual identificó por la voz, quien la invitaba a que fuera adonde él se encontraba sin decir el lugar, y que llevara a su hermana Verónica. Momentos después las menores salieron de su domicilio, al cual ya no regresaron con vida. Sobre este lamentable hecho, expuso Petronilo Díaz Ponce Medrano, hasta el momento se han recabado diversas entrevistas de los padres de las menores, de vecinos de ellos, así como de personas que conocen las actividades de las menores y sus padres, además de informes policiales, dictámenes periciales, inspecciones y demás actos de investigación que permitieron obtener esta información. Por lo anterior, señaló, este día fue ejecutada una orden de aprehensión por el delito de feminicidio agravado, en agravio de las menores víctimas Amelia y Verónica, en contra de César “N” y Catyan “N”, delito cuya pena va desde los 50 a los 75 años de prisión. No obstante, se continúa recabando otros actos de investigación para concluir la misma y emitir la determinación correspondiente, explicó. El Fiscal General, dirigiéndose a los medios de comunicación, a los colectivos ciudadanos y a la prensa independiente, les habló de la necesidad de no generar especulaciones, opiniones infundadas o distorsión de la realidad. Expresó que los delitos de alto impacto son una agenda delicada y sensible y la distorsión de la información no ayuda en el proceso de tratamiento de los mismos. Finalizó diciendo que la institución a su cargo ha atendido, atiende y atenderá, de manera puntual y técnica, el esclarecimiento de los hechos y la imputación de las responsabilidades, siempre con profesionalismo y eficacia.