En medio de la “lucha” contra la pobreza y la narrativa del paraíso económico para los trabajadores en retiro, surge una iniciativa que promete un alivio inmediato pero plantea graves riesgos a largo plazo. La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar suena atractiva en papel, pero su implementación plantea serias dudas sobre su verdadero impacto en la seguridad financiera de los trabajadores mexicanos. La creación de este fondo, un fideicomiso público administrado conjuntamente por Banxico y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, parece una medida loable en su intención de fortalecer la economía de la población en la tercera edad. No obstante, la falta de transparencia sobre la gestión de los recursos y la ausencia de un plan claro de inversión generan incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos. La promesa de un flujo de ingresos adicional para los adultos mayores parece una solución rápida y efectiva para aliviar la pobreza en la vejez. Sin embargo, esta solución viene acompañada de la transferencia automática de los ahorros de los trabajadores a un fideicomiso público, cuya gestión y destino de inversión aún no están claros. ¿Qué garantías tienen los trabajadores de que sus ahorros serán manejados de manera responsable y no se perderán en proyectos gubernamentales de rendimiento dudoso?  La modificación de las leyes del IMSS, ISSSTE e Infonavit para permitir la transferencia de fondos al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar plantea un precedente peligroso. ¿Qué sucede con el principio de propiedad y control sobre los ahorros personales? ¿Cómo justifica el gobierno mexicano tomar decisiones financieras por los trabajadores sin su consentimiento y sin ofrecer alternativas claras y seguras? La falta de mecanismos claros para reclamar la devolución de los recursos transferidos al fondo deja a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad. ¿Qué pasa si las promesas de rendimientos futuros no se materializan? ¿Quién será responsable de compensar a los trabajadores por las pérdidas sufridas?

Además, la posibilidad de que los recursos del nuevo fondo se utilicen para proyectos gubernamentales con fines sociales, pero sin garantía de rendimientos financieros positivos, plantea un riesgo significativo para la seguridad financiera de los trabajadores. ¿Qué sucede si estos proyectos no generan los ingresos esperados y el fondo se agota? ¿Quién asumirá la responsabilidad por esta decisión? Sin duda, tenemos evidencia suficiente para determinar que el Estado resulta incapaz de administrar eficientemente los recursos que le son transferidos. ¿Qué nos hace pensar que ahora sí lo harán, al menos, con mecanismos transparentes? Estos recursos son limitados y el solo hecho de que se contengan en una bolsa general, los vuelve una tentación para los políticos en turno y usarlos como “caja chica”. Si no, preguntemos la historia reciente a los profesores de telesecundaria o a los trabajadores de Gobierno del Estado en San Luis Potosí.   Mientras que la iniciativa del Fondo de Pensiones para el Bienestar puede ofrecer una “solución” aparentemente rápida a los problemas de las personas en la vejez, su implementación plantea riesgos significativos y a largo plazo para la seguridad financiera de los trabajadores mexicanos. Recordemos que estamos en plena curva donde el país envejece y al paso del tiempo los trabajadores en activo, solo estaremos en condiciones de esclavitud, tratando de aportar lo más posible a ese fondo para cubrir al resto de personas que, por muchos factores, no aportaron.  Es crucial que se aborden estas preocupaciones antes de proceder con cambios irreversibles que podrían dejar a muchos en una situación peor de la que están ahora. Porque, en última instancia, ¿de qué sirve el pan de hoy si solo nos deja con hambre mañana? Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje

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