El caso de Karla Pontigo está jurídicamente en manos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas del Delito, pero a nivel federal, sostuvo J. Guadalupe Torres Sánchez, quien señaló que no pudiera haber compromisos firmados por el Estado hasta que haya un pronunciamiento de la comisión federal. “Ellos (familiares) buscan que se genere un acuerdo cuando jurídicamente hablando el tema está en la cancha del CEAV federal, no el estatal; el CEAV federal debe de pronunciarse y hasta una vez que éste se pronuncie y derive cuáles son las obligaciones del Estado lo vamos a atender, antes no…”, sostuvo. Ante el reproche de la falta de atención por parte del secretario general, e incluso, del gobernador del estado, comentó que existe una estructura orgánica donde el subsecretario jurídico de derechos ha estado dando puntual atención y quien luego da cuenta al respecto. “Existen muchas tareas que hay que atender, todas igual de importantes para nosotros, no hay una tarea más importante que otra; y derivado de eso es que existe una estructura orgánica donde existen áreas específicas de tensión para cada caso”.