Tras el reciente incendio que hubo en una estación migratoria en Ciudad Juárez Chihuahua, en la que al menos fallecieron 39 migrantes, en su mayoría de origen guatemalteco, autoridades eclesiásticas coincidieron en que el Estado Mexicano tiene que hacerse responsable de las consecuencias de la tragedia. Tomás Cruz Perales vocero de la Arquidiócesis en San Luis Potosí, lamentó la pérdida de estas personas que “sólo buscaban el sueño de una vida mejor” y externó que esto refleja la crisis migratoria que hay en el país. Dijo que aunque ya hubo consecuencias contra los responsables del refugio, es el Gobierno Mexicano quien debería de garantizar el tráfico rápido de migrantes, además de las condiciones de los migrantes que son retenidos. Por su parte Marco Antonio Luna, director de la Casa del Migrante, se sumó al llamado que han hecho tanto la Organización de las Naciones Unidas, el Episcopado Mexicano y la Dimensión Episcopal de Movilidad, para se esclarezcan los hechos, “No es posible que se les confine en espacios que no tienen las medidas de seguridad ni la presencia constante de quienes deben estar con ellos, porque los dejaron solos, murieron encerrados sin la posibilidad de poder salir”.