Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro exigieron a rectoría un reconocimiento de las omisiones por parte de la universidad en la atención de antecedentes y la protección del estudiantado en mesa de diálogo con autoridades universitarias tras criminalización y amenazas de denuncia a alumnos por parte de autoridades estatales.   Autoridades universitarias como el secretario particular de rectoría, el titular de la Agencia de Comunicación Universitaria, la directora técnica de la rectoría y la directora de UAVIG se reunieron para realizar una mesa de diálogo para revisar peticiones de la comunidad, entre ellas: El posicionamiento institucional en defensa del estudiantado, la libertad de expresión y el derecho a la protesta; el reconocimiento de la violencia mediática; la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Universitario; la reparación integral del daño y acompañamiento jurídico; y la garantía de acompañamiento institucional y no repetición.  Los estudiantes enfatizaron que la indignación no solo proviene de un suceso específico, sino de un patrón de amenazas, presión y acoso mediático hacia los estudiantes, y que la universidad no ha acompañado estos casos. Se considera que el problema es sistémico y constante. Parte de las peticiones enfatizaron que la universidad reconozca la criminalización simbólica y mediática de la protesta como una forma de violencia y se pronuncie contra narrativas partidistas en los medios de comunicación universitarios, es decir, Radio UAQ y TV UAQ. Como parte del proceso, se acordó preparar documentos separados: la minuta de acuerdos, un reconocimiento institucional sobre la necesidad de protocolos y el posicionamiento de la rectora, además de la convocatoria formal al Consejo. Se planteó que la sesión extraordinaria se realice el viernes, según los protocolos establecidos, con la publicación de una minuta y un comunicado previo de la rectoría. Los estudiantes reiteraron que la convocatoria a una sesión extraordinaria es fundamental, apelando a la representación legítima de la rectora y a la necesidad de reformas a la legislación universitaria para la protección de los estudiantes.

Se enfatizó la importancia de revisar qué acciones puede realizar la universidad para abordar la violencia estructural y sentar las bases para una formación diferente, incluyendo la revisión de planes de estudio y la creación de protocolos para proteger a los estudiantes que ejercen su derecho a informar.