La evaluación educativa en México ha sido una herramienta esencial para entender y mejorar el sistema educativo nacional. Sin embargo, el último sexenio nos ha mostrado un preocupante retroceso en esta área, especialmente con la operación errática de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) y la falta de transparencia en la publicación de datos críticos.

En años recientes la política de evaluación educativa en México ha experimentado transformaciones significativas. A inicios del sexenio, se implementaron reformas que buscaban establecer una “evaluación educativa incluyente, equitativa y transparente”. Si dejamos atrás la narrativa gubernamental, la política educativa ha sufrido cambios drásticos que han minado estos avances.

Con la creación de MEJOREDU, se esperaba una continuidad y mejora en la evaluación del sistema educativo. No obstante, la realidad ha sido distinta. La falta de publicaciones sobre la evaluación de impacto de las políticas educativas en el periodo sexenal 2021-2023 evidencia una operación errática y una preocupante falta de transparencia.

MEJOREDU, creada para “superar” la labor del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), tenía el mandato de evaluar y mejorar el sistema educativo mexicano. Sin embargo, su desempeño ha dejado mucho que desear. La Comisión no publicó información sobre las evaluaciones de impacto de las políticas educativas implementadas, lo que genera una gran laguna de información y dificulta la formulación de políticas públicas fundamentadas en datos empíricos.

Además, las evaluaciones diagnósticas aplicadas en 2022-2023, que solo se entregaron a las escuelas participantes en la muestra estadística, no proporcionaron un reporte global integral. Esto ha limitado considerablemente la capacidad del sistema educativo para identificar áreas de mejora y formular estrategias eficaces a nivel nacional.

La ausencia de una evaluación educativa robusta y transparente tiene múltiples consecuencias. En primer lugar, se pierde la capacidad de medir el impacto real de las políticas educativas. Sin estos datos, es imposible determinar qué estrategias son efectivas y cuáles necesitan ser ajustadas o eliminadas. En este panorama todo se reduce al campo político y las – posibles – decisiones que se toman caen en la ocurrencia o en la reacción inmediata y alejada de la realidad.

En segundo lugar, la falta de un reporte global de las evaluaciones diagnósticas impide una comprensión integral del estado del aprendizaje en el país. Las políticas educativas deben basarse en un análisis detallado y comparativo de los datos, algo que no puede lograrse si la información se fragmenta y no se hace pública de manera accesible y comprensible.

A todo esto, le sumamos la posible centralización de MEJOREDU a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Si esto se vuelve realidad con los votos de la mayoría calificada – ilegal – en el legislativo, elevamos el riesgo del regreso a la era de opacidad, simulación, engaño y estancamiento institucional. 

Para revertir esta situación y recuperar la senda de la mejora educativa basada en datos, es crucial adoptar varias medidas. MEJOREDU debe asumir su responsabilidad y publicar de inmediato los resultados de su modelo de evaluación. La transparencia es fundamental para recuperar la confianza y permitir un análisis profundo y público de las políticas actuales.

Es necesario implementar un sistema de evaluación educativa integral que abarque tanto evaluaciones diagnósticas como de impacto, y que los resultados se publiquen de manera regular y accesible. Esto incluye la creación de reportes globales comparados que permitan identificar tendencias y áreas de mejora a nivel nacional.

Debemos promover la participación de todos los actores educativos en el proceso de evaluación. Esto incluye no solo a las escuelas y maestros, sino también a los padres de familia y a la sociedad en general. La evaluación educativa debe ser un esfuerzo colectivo que refleje las necesidades y aspiraciones de todos los sectores involucrados.

Finalmente, es esencial que las políticas educativas se formulen y ajusten con base en los datos obtenidos de las evaluaciones. La toma de decisiones informada es clave para la mejora continua del sistema educativo y para garantizar que todos los estudiantes reciban una educación de calidad. Es gratificante observar como algunos estados de la República como Jalisco, Nuevo León, Yucatán y Guanajuato están haciendo lo necesario para tener evidencia del aprendizaje en sus regiones. Esperamos que San Luis Potosí pronto se pronuncie al respecto.

La desaparición de una política de evaluación educativa robusta en México y la operación errática de MEJOREDU representan un grave retroceso para el sistema educativo nacional. Sin una evaluación transparente y rigurosa, es imposible medir el verdadero impacto de las políticas educativas y formular estrategias efectivas para el futuro. Es fundamental que se adopten medidas inmediatas para revertir esta situación, garantizando la transparencia, la participación y el uso de datos en la formulación de políticas educativas. Al tiempo.

* Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje

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